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El Govern había pedido protección de los Mossos en el extranjero por su condición de 'expresident'

El Gobierno no pone escolta a Puigdemont porque "debería estar en un centro penitenciario"

El Govern había pedido protección de los Mossos en el extranjero por su condición de 'expresident'

LUIS RENDUELES
04/08/2018

 

El ministerio del Interior ha rechazado poner escolta al ex president Carles Puigdemont en respuesta a la petición que le había realizado la Generalitat. El gobierno se basa en un informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso EL PERIODICO, y en el que se afirma que "el ex presidente de la Generalitat de Catalunya, físicamente, debería estar en un centro penitenciario", en cumplimiento del Auto del 21 de marzo del Tribunal Supremo. Por tanto, concluye, ponerle "cualquier servicio para su protección" sería innecesario e inviable.

"El otorgamiento de la autorización que comentamos por el Ministerio del Interior sería de todo punto incompatible con el desempeño de las funciones de policía judicial normativamente atribuidas a dichos servicios policiales", se añade. La traducción del informe enviado por Interior a la Generalitat es que si un policía nacional, guardia civil o mosso d'Esquadra se encontrara con Carles Puigdemont, debería detenerlo y llevarlo ante el Tribunal Supremo, y no darle escolta.

El informe del Gobierno recoge también que si se autorizara que varios mossos d'Esquadra escoltaran al ex president, se "estaría favoreciendo la situación de libertad y desobediencia a la acción de justicia por parte de Carles Puigdemont" y contradiciendo la misión de ponerlo a disposición del Tribunal Supremo, que lo acusa de rebelión. El ex president, recoge el documento, "se encuentra en una situación ilegal al haber eludido la acción de la justicia y haber buscado refugio en terceros países, desobedeciendo un mandato judicial".

Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, concluye que, dado que Puigdemont ha sido suspendido de sus cargos como diputado por el Tribunal Supremo, ya no es una "autoridad pública". También señala como argumento para rechazar ponerle escolta que está en "situación procesal de rebeldía" tras haber "eludido la acción de la justicia, fugándose a terceros países".

 

Ex president o diputado "en rebeldía"
El Gobierno ha respondido así a la petición que recibió el 19 de julio por parte del nuevo director general de la Policía catalana, Andreu Joan Martínez i Hernández. En una carta enviada al ministerio de Asuntos Exteriores y también a la Secretaria de Estado de Interior, Ana Botella Gómez, el alto cargo del Govern explicaba que había recibido "el encargo del departamento de Presidencia de la Generalitat de organizar un servicio de protección del anterior Presidente de la Generalitat, Molt Honorable Carles Puigdemont".

En su escrito, fechado el pasado 12 de julio, el alto cargo del gobierno catalán recuerda a la Secretaria de Estado que "como bien sabe, en este momento el ex presidente se encuentra en Alemania, y anteriormente había estado en Bruselas". Y para justificar su petición de una escolta oficial se remite a la ley 6/2003 del Estatuto de Expresidentes de la Generalitat, donde se establece que será el Govern el que deberá "adoptar los servicios de seguridad que se consideren necesarios" para los exjefes de Gobierno catalán. Añadía que había comunicado también esa "voluntad de protección en el extranjero" para Puigdemont "a la Instructora de Embajadores, María Sáenz de Heredia Alonso" para que se diera órdenes de que se prestara ese servicio de protección en Alemania y Bélgica, "países en los que está prevista la prestación del citado servicio".

Mossos en su tiempo libre
El Ministerio del Interior no ha atendido ninguno de esos argumentos y no se fija tanto en la cualidad de ex president de Puigdemont, sino en su condición de diputado suspendido, procesado y con una orden de detención vigente en España. Desde su salida hacia Bélgica, Puigdemont ha ido contando con la protección de varios mossos d'Esquadra que lo han hecho de forma voluntaria y aprovechando periodos de vacaciones o permisos laborales. Uno de esos escoltas voluntarios, el que fuera sargento de los mossos, Lluis Escolá, acaba de ser nombrado asesor de la consejería de Interior de la Generalitat. Escolá es además familiar del nuevo jefe de los Mossos, Miquel Esquius.

Fue el entonces sargento Escolá quien encontró, el pasado mes de febrero, una baliza (dispositivo de seguimiento) colocada en los bajos de la Renault Espace en la que Puigdemont se movía en Bélgica. La fiscalía belga investiga quién pudo colocarla y ha descubierto que las tarjetas telefónicas con las que iba conectada habían sido compradas en España.

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