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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Griñán dice en el juicio de los ERE que la partida de estas ayudas era "insignificante"

El expresidente andaluz mantiene que Hacienda solo cuadraba los presupuestos y no se encargaba de vigilar la ejecución del gasto

EL PERIÓDICO
11/04/2018

 

El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha abierto esta mañana la sesión de declaraciones en el juicio por la denominada pieza política de los ERE, que investiga la implantación de un procedimiento específico, considerado inadecuado por la instrucción, para el pago de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. Parte del dinero, 851 millones de euros, derivó en fraude. Griñán se enfrenta a hasta seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación. Con Griñán y su antecesor en la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, cuya declaración está prevista para la próxima semana, concluirán los interrogatorios a los acusados, dando comienzo los de los 150 testigos.

El inicio de la sesión, muy técnico, se centra en el conocimiento de la normativa estatal y regional para las ayudas sociolaborales, prejubilaciones y a empresas en crisis, así como sobre la ejecución de esos programas que tenía el que en 1995 fue ministro de Trabajo, y posteriormente Consejero de Economía y Hacienda (desde abril del 2004 a abril del 2009) y presidente de la Junta. Griñán ha insistido en que como responsable de ese departamento se encargaba de cuadrar los presupuestos de cada consejería con la previsión de ingresos, ajustándolo todo al objetivo de déficit, por lo que no tuvo conocimiento alguno de cómo se ejecutaba el gasto de cada consejería. Y ha apuntado que no tuvo conocimiento de la partida que se empleaba para esas ayudas, la 31-L, hasta que fue implicado en la causa, pese a que el fiscal le ha recordado que era la de mayor peso de la Consejería de Empleo. Es una partida "insignificante" porque hay consejerías más importantes o con más gasto, como la de Salud, le ha venido a responder el expresidente.

No obstante, la Fiscalía considera que siendo responsable de Hacienda fue quien mantuvo el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones a empresas en crisis, por lo que tuvo que conocer tanto los mecanismos empleados en el pago de las mismas, las conocidas como transferencias de financiación que provocaron llamativas modificaciones presupuestarias, "como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto" de esos fondos.

Al igual que Chaves, Griñán ya declaró ante el Tribunal Supremo en el 2015, cuando era aforado al ser senador por la comunidad andaluza y fue señalado como imputado por la entonces instructora de la causa Mercedes Alaya. Tras la imputación del alto tribunal, ambos dirigentes abandonaron sus escaños, allanando el camino a que Cs apoyara la investidura de Susana Díaz, y rompieron el carné del partido. Ante el Supremo, Griñán expresó su convicción de que "no hubo un gran plan, pero si hubo un gran fraude, y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar". Unas palabras que tuvo que matizar posteriormente tras ser corregido por Manuel Chaves.

Desde el inicio de la instrucción, allá por 2011, la juez Alaya apuntó en sus escritos a la "cúspide de la pirámide" como responsable del supuesto fraude de los ERE, insinuando una suerte de confabulación para implantar un sistema que permitiera el pago de las ayudas con fondos públicos sin control alguno. Así, el sistema amparó la aparición de instrusos, o personas ajenas a las empresas que sin embargo se beneficiaron de las prejubilaciones, o la concesión de millones de euros a empresarios afines al PSOE en una comarca sevillana, de la que provenían tanto el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el exdirector general de Trabajo y principal inculpado en la causa Javier Guerrero.

"Un gran fraude"
El Supremo eliminó el delito de malversación, al entender que "no se acreditó que interviniera en la adjudicación concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de caudales públicos para las ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas". Sin embargo, el auto de procesamiento sí acabó incluyendo este delito, que le supone la pena de cárcel, pues entiende que al conocer que el procedimiento era ilegal y dejarlo en manos de una persona "no autorizada" (Guerrero), "asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados".

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