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CASO DE LOS ERE

La Guardia Civil certifica el "enchufismo" del PSOE en la Junta de Andalucía

Una fundación pública está siendo investigada por un supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo

J. C.
14/05/2018

 

La investigación policial ha puesto negro sobre blanco lo que era un secreto a voces en el entorno de la administración regional en Andalucía: que la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) era una suerte de “agencia de colocación” del PSOE. Lo denunciaron los grupos de la oposición en el Parlamento a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas, pero también los propios funcionarios de la Junta cuando el Ejecutivo andaluz trató de regularizar ese entramado paralelo vía decreto en 2013. Y ahora lo confirma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante el juzgado que investiga a las irregularidades en los cursos de formación gestionados por esa fundación, y donde también se ha destapado una supuesta tarjeta ‘black’ usada en un prostíbulo.

Formalmente, la Faffe era un ente público creado en el 2003 por el Ejecutivo andaluz para organizar cursos de formación para el empleo, y ayudar a mitigar la alta tasa de parados de la comunidad. Comenzó con apenas un centenar de trabajadores, pero en el momento de su extinción en 2011, cuando fue integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), contaba con una plantilla superior a los 1.700 empleados. Durante sus ocho años de actividad, gestionó más de 300 millones de euros, aunque según alertó la Cámara de Cuentas en el 2014 recibió 48,8 millones de euros en subvenciones sin justificar.

Parte de ese dinero fue concedido el mismo día de su extinción, según denunció el sindicato CSIF ante los juzgados, dando inicio a una investigación judicial sobre irregularidades con las subvenciones para los cursos. En la formación se gestaba un fraude que haría palidecer el 'caso ERE', según llegó a reconocer uno de los principales implicados en este último caso, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero.

UNOS 200 AFINES AL PARTIDO

Un atestado de la UCO en manos ya de la jueza, adelantado este lunes por el diario ABC, confirma sin embargo que esa organización funcionaba como una "agencia de colocación" del partido que ha gobernado Andalucía desde la llegada de la democracia. El PSOE encontró en este organismo dirigido por Fernando Villén Rueda, quien fue secretario de Empleo de la Ejecutiva regional socialista, la forma de “enchufar” en la Junta de Andalucía a sus afines como personal de confianza, conformado una administración paralela.

Según el extenso informe policial, de más de 700 páginas, entre el 2009 y el 2011 habrían se realizaron 8.844 contratos irregulares. Los testimonios de antiguos empleados y la información analizada por los agentes permitiría confirmar “indiciariamente, la vinculación directa o indirecta de más de 200 empleados con diferentes fuerzas políticas y sindicales”, principalmente el PSOE.

El listado es interminable: familiares de consejeros andaluces y de relevantes cargos del partido, pero también de alcaldes. Un extrabajador llegó a asegurar a los agentes que la Faffe era también un “nido para pagar favores políticos”. Para entrar, solo había que pasar una entrevista. La oposición denuncia desde hace años que no había publicidad ni controles para los contratos de los cursos y tampoco para el personal, lo que convertía a la Faffe en el órgano perfecto para el nepotismo socialista. Una plantilla que al quedar integrada en el SAE seguía cobrando pero sin competencias ni tareas, dado que al no ser funcionarios no podían por ejemplo acceder a bases de datos.  

El PSOE y la Junta siempre han negado esas acusaciones, y encargaron una auditoría interna de la que solo se han entregado al resto de grupos políticos una parte, apenas 56 páginas de 220, según denuncia el PP, que reclama desde 2017 el acceso a todo el documento. En la parte que pudieron consultar, según explicaron en su momento, “dice claramente que se infiere discrecionalidad por parte de los técnicos territoriales de selección, además de no cumplir los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito, capacidad y no discriminación”.

'TARJETAS BLACK'

El informe de la UCO sobre el enchufismo llega en un momento delicado para la extinta fundación, ya que además de las irregularidades en los contratos asignados a empresarios amigos o la plantilla, el PP ha denunciado la existencia de una tarjeta opaca vinculada al director de la fundación y que fue usada en un prostíbulo o un taller mecánico. La Junta de Andalucía se ha limitado a afirmar que había una única tarjeta de representación asociada al responsable de la fundación y que toda la documentación está en manos de la justicia, retando al PP a demostrar si es cierto ese destino del dinero.

La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, tuvo que salir al paso el miércoles en el Parlamento recordando que “se trata de un caso de hace 8, 10 o 12 años, y que desde 2015 el juzgado tiene toda la información”. “Tiene la osadía de venir a hablar de corrupción con lo que tiene en su casa. Desde que soy presidenta no ha habido ni un solo caso de corrupción”, le respondió al líder del PP-A Juan Manuel Moreno Bonilla tras ser interpelada por este asunto.

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