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LEVANTADO EL SECRETO DE SUMARIO

La Guardia Civil sospecha que el 1-O se financió con subvenciones de JxSí

Los investigadores elevan a 1,9 millones de euros la cifra de dinero presuntamente malversado en la organización del polémico referéndum

EL PERIÓDICO
19/04/2018

 

La Guardia Civil sospecha que los preparativos del polémico referéndum del 1-O se financiaron con subvenciones públicas concedidas al grupo parlamentario de Junts pel Sí, según consta en el informe que los investigadores del caso han remitido al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que ha trascendido después de que se haya levantado, este jueves, el secreto de  sumario sobre la pieza relativa a la malversación de fondos públicos. Según 'La Vanguardia, gastos de promoción del 1-O se pagaron con dinero de subvenciones a Junts pel Sí, plataforma integrada por el PDeCat y ERC. En el informe, además, la Guardia Civil eleva a 1,9 millones de euros los fondos presuntamente malversados en la organización de la consulta independentista.

Los investigadores apuntan a JxSí después de identificar un pago de 17.690 euros por el contrato de la cesión del Teatre Nacional de Catalunya, firmado por Jordi Turull en calidad de presidente del grupo parlamentario de JxSí, para un acto del pasado 4 de julio destinado a difundir la participación en el referéndum. "La organización del acto celebrado en el TNC fue gestionado y abonado por Junts pel Sí, por lo que éste grupo parlamentario ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum", sostiene el documento entregado al juez Llarena. La Guardia Civil, que en su momento ya pidió documentación sobre el acto del TNC,  también apunta a la Mesa del Parlament como conocedora de los pagos dado que los grupos parlamentarios deben rendir cuentas a la Mesa de las subvenciones que reciben.

 Asimismo,  la Guardia Civil eleva a 1.915.067 euros la cantidad presuntamente malversada tras concluir la investigación encargada por el magistrado hace un mes. El auto de procesamiento declaraba acreditado el desvío de 1,6 millones de euros que se destinaron a pagar campañas de publicidad por el 1-O, material electoral y a los observadores internacionales contratados por el Diplocat. Casi un millón se camufló en partidas de las 'conselleries' de Governació, Cultura, Justícia, Empresa y Agricultura, con el acuerdo de todo el Govern.

Estos datos se conocen horas después de que el juez Llarena haya requerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que proporcione pruebas que justifiquen su afirmación de que no hubo malversación de fondos públicos en la organización del 1-O. Una afirmación, la del ministro, que contradice la documentación en manos del juez.

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