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CORRUPCIÓN

La investigación judicial contra la familia Pujol está paralizada desde hace meses

El útimo movimiento significativo se registró en julio del año pasado, cuando fue detenido un socio del Pujol Ferrusola. La mayoría de las comisiones rogatorias al extranjero ya se han cumplimentado y solo falta una enviada a Francia

J. G. ALBALAT
09/01/2019

 

Los dolores de cabeza que la justicia puede provocar en la familia de Jordi Pujol Soley continuarán en un futuro. La confesión del expresidente de la Generalitat en el 2014 sobre la fortuna oculta en Andorra ha arrastrado a su esposa y a sus hijos. Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Nacional se pusieron manos a la obra para aclarar de donde provenían ese patrimonio millonario (70,4 millones de euros ocultados entre 1990 y el 2014 en Andorra, según la policía)  y que el exmandatario atribuyó a la herencia de su padre, Florenci Pujol. El proceso judicial lleva meses paralizada, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.

Los únicos movimientos que se han producido son de tramitación y meramente procesales, como peticiones para que se desbloquen cuentas corrientes para efectuar pagos por gastos corrientes o solicitudes de archivo presentadas por algunos imputados en la causa.  No hay ningún avance importante en lo que es la investigación pura y dura sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol, según las mismas fuentes.  

Fuentes conocedoras de las diligencias judiciales que tramita la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que el último movimiento significativo relacionado directamente con las pesquisas fue la detención en julio del 2018 de un empresario, socio de Jordi Pujol Ferrusola, por supuestamente blanquear fondos de la familia. Tras tomarle declaración, el juez lo dejó en libertad con medidas cautelares. El juez sospechaba que esta persona supuestamente creó contratos de préstamo ficticios por valor de 28,5 millones de euros para colocar la fortuna de los Pujol fuera del alcance de la justicia española.

Los dolores de cabeza que la justicia puede provocar en la familia de Jordi Pujol Soley continuarán en un futuro. La confesión del expresidente de la Generalitat en el 2014 sobre la fortuna oculta en Andorra ha arrastrado a su esposa y a sus hijos. Primero un juzgado de Barcelona y después la Audiencia Nacional se pusieron manos a la obra para aclarar de donde provenían ese patrimonio millonario (70,4 millones de euros ocultados entre 1990 y el 2014 en Andorra, según la policía)  y que el exmandatario atribuyó a la herencia de su padre, Florenci Pujol. El proceso judicial lleva meses paralizada, según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.

Los únicos movimientos que se han producido son de tramitación y meramente procesales, como peticiones para que se desbloquen cuentas corrientes para efectuar pagos por gastos corrientes o solicitudes de archivo presentadas por algunos imputados en la causa.  No hay ningún avance importante en lo que es la investigación pura y dura sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol, según las mismas fuentes.  

Fuentes conocedoras de las diligencias judiciales que tramita la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que el último movimiento significativo relacionado directamente con las pesquisas fue la detención en julio del 2018 de un empresario, socio de Jordi Pujol Ferrusola, por supuestamente blanquear fondos de la familia. Tras tomarle declaración, el juez lo dejó en libertad con medidas cautelares. El juez sospechaba que esta persona supuestamente creó contratos de préstamo ficticios por valor de 28,5 millones de euros para colocar la fortuna de los Pujol fuera del alcance de la justicia española.

COMISIONES ROGATORIAS

La investigación apunta que el hijo mayor del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, trabajó con distintos testaferros o fiduciarios que le permitieron disponer de cuentas corrientes en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, así como realizar inversiones en varias compañías instrumentales. En este sentido, según las mismas fuentes, la Audiencia Nacional ya dispone del resultado de las comisiones rogatorias (petición de información) remitidas a varios países. Solo falta una enviada a Francia.

Pujol Ferrusola fue encarcelado el 25 de abril del 2017 y salió en libertad el 27 de diciembre de ese año tras pagar una fianza de 500.000 euros. La justicia le atribuye falsedad documental, blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal. El magistrado sostenía en su auto de prisión que el primogénito del expresidente fue quien “coordinó durante años la gestión de un importante patrimonio económico, de procedencia no determinada, en Andorra y probablemente en otras jurisdicciones, asignándolo a toda clase de inversiones”, siempre “en beneficio de la familia”.

En la trama están implicados todos los miembros de la familia, empezando por el mismo expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley,  y su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos. Todos ellos han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional. En el auto por el que se citaba al matomonio Pujol, el magistrado quitó cualquier atisbo de verosimilitud a la confesión del exmandatario de junio del 2014. Este comunicado, detalla la resolución, “es un mero relato sin contenido determinante” alguno. El togado recordaba que Pujol no había aportado documentos que acrediten de que esos fondos en Andorra eran de su padre.

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