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ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE JUSTICIA

Juan Carlos Campo: "Tiene que darse un debate jurídico para protegernos del coronavirus"

El ministro de Justicia insiste en que el gobierno de momento solo estudia las apps voluntarias / Se compromete a reforzar el registro civil para evitar desfases en el cómputo de fallecidos

 

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sede del ministerio. - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ
09/04/2020

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se siente "orgulloso" de haber trasladado a los operadores de la justicia la necesidad de "ir de la mano" para combatir el coronavirus. Es un gran defensor de la modernización de la justicia, necesidad que estos días se ha hecho más visible en los registros civiles. Atiende a EL PERIÓDICO por teléfono para hablar de su refuerzo y del "bonito" debate jurídico que se abrirá para defendernos mejor de la pandemia.

--¿Conjugan bien los derechos de los ciudadanos con el estado de alarma?

--El estado de alarma no suspende los derechos fundamentales de los ciudadanos, no debilita el Estado de derecho. Los derechos siguen incólumes.

--¿También confinando a asintomáticos?

--El Gobierno tiene que ver cómo, siguiendo las pautas de las Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los expertos, compagina esa realidad de personas asintomáticas, pero que pueden contagiar.

Cuando todo es voluntario, que es el momento en el que estamos ahora, no hay problema. Pero la sociedad tiene la obligación de protegerse también ante quien de un modo renuente dice "Paso, me voy a la calle". Eso es un debate jurídico bonito, pero que no se está planteando el Gobierno ahora mismo. Lo que se plantea y por eso el presidente habló con los de las comunidades autónomas para que tengan articulada una posiblidad para quien quiere confinarse voluntariamente. El debate será (si con los renuentes) se necesita a la autoridad judicial o no.

--¿Y con las 'app' para controlar personas?

--El único paso dado es con voluntariedad.

--El otro día dijo que la Agencia de Protección de Datos había dado su visto bueno.

--El supuesto es diferente. Planteaba el caso de un centro de salud donde le dicen a alguien que es positivo pero que, como está perfectamente, vaya a casa y no salga. Y él va al supermercado y puede contagiar a otras personas. El debate jurídico es si desde el centro hospitalario se puede decir a las Fuerzas de Seguridad del Estado que controlen a esa persona. La policía puede ir o llamar por teléfono para constatar que está bien, que no tiene ninguna incidencia y que está confinado. Todavía no tiene realidad normativa, pero lo consulté y no hay vulneración de la protección de datos. Hay una pandemia y el Estado tiene la obligación de frenarla ante personas que de un modo malicioso se están metiendo ellos mismos en el Código Penal, que castiga la transmisión dolosa de una enfermedad.

--¿Con las 'app' tampoco hay problema?

La gente se da de alta en la aplicación y está geolicalizada según su comunidad autónoma. Estamos en esa fase de voluntariedad. Creo que la ciudadanía está respondiendo extraordinariamente. Pese a que pueden parecernos mucho las x miles de sanciones, con 47 millones de españoles, estamos hablando de un porcentaje absolutamente ínfimo.

--¿Ya piensa en la desescalada?

Cuanto más tiempo España esté parada, más nos costará recuperar los ritmos del estado de bienestar de hace unos meses. Va a haber una desescalada muy medida, porque, como hemos aprendido con Japón y Singapur, hay peligro de repunte. Hay que ser muy prudentes.

--¿Cómo explica el desfase en los datos de fallecidos?

--Hay muchas causas. Los datos de Sanidad y los del Registro Civil reflejan realidades diferentes y tienen diferentes finalidades. Mientras que los de Sanidad reflejan fehacientemente los fallecidos que previamente fueron diagnosticados positivos por coronavirus, los del registro recogen todas las muertes sin distinción.

Además, un 92% de los registros civiles de España tienen una aplicación que se llama Inforeg, mientras que el resto inscribe manualmente nacimientos, fallecimientos y matrimonios. Ojalá la modernización de la justicia llegue de una vez y podamos contar con unos servicios actualizados en el momento, pero desgraciadamente la justicia y el registro civil no está ahí.

Una cosa es la licencia de enterramiento y otra la inscripción en esa aplicación. La licencia se da absolutamente rápido y ya no hay que esperar 24 horas para el enterramiento. Hay menos funcionarios porque en la justicia también se ha aplicado la baja movilidad y hay un gran atasco en las inscripciones, por lo que reforzaremos los registros con más problemas para que las licencias y las inscripciones sean la misma realidad en el mismo tiempo.

--¿Ha pecado de imprevisión el Gobierno?

--¿Ha habido falta de previsión? Esa no es la cuestión. La cuestión es que esto ha cogido a todo el mundo por sorpresa. Si llegamos a saber esto hace 10 meses, habríamos hecho acopio de materiales. Desgraciadamente las cosas no ocurren así. ¿Qué sería la torpeza? No aprender de este presente. Esto nos va servir para potenciar el teletrabajo de los funcionarios de justicia, para ver con más claridad que debemos modernizar un servicio público esencial para la ciudadanía.

--Entiendo que no cree que el Gobierno deba hacer autocrítica

--No es un problema de autocrítica. La cuestión es que es muy fácil hablar a toro pasado de lo que debíamos haber hecho, pero hay una cuestión muy clara: el gobierno ha actuado en función de lo que han dicho los responsables sanitarios.

--Ahora que se prepara un plan de choque en Social, Contencioso y Mercantil, ¿cree que habrá que ampliarlo a Penal por, entre otras causas, futuras querellas contra el Gobierno e instituciones?

--Los particulares y las asociaciones son muy libres de ejercitar las acciones que consideren, pero creo realmente que es difícil que tengan recorrido. Hay que esperar. En cualquier caso estoy convencido de que eso no será un problema de atasco para la Administración de Justicia.