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CORRUPCIÓN

El juez imputa a un diputado de Madrid por cobrar mordidas en la 'Operación Púnica'

Favoreció a una empresa cuando era alcalde de Móstoles

 

Un guardia civil, ante la sede de la consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid el pasado 22 de enero. - EFE / JUANJO MARTÍN

EL PERIÓDICO
11/05/2016

El juez Eloy Velasco ha acordado remitir este miércoles una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el parlamentario popular de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz por haber supuestamente favorecido a la empresa Cofely en un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles en la investigación de 'la operación Púnica', la trama del 3% madrileña.

En su escrito, el togado considera que la conducta del diputado regional sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones ycohecho.

A lo largo de los 74 folios, el magistrado incluye todos los indicios recabados a lo largo de la instrucción, entre ellos numerosa documentación, escuchas telefónicas, correos electrónicos y declaraciones policiales y judiciales que obran en el procedimiento. Y explica que en esta pieza de 'el caso Púnica', la sexta, se investigan las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre ayuntamientos de la comunidad de Madrid y la multinacional Cofely.

En el caso concreto de Móstoles, el juez señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2014) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en beneficio de Cofely “con un ánimo de lucro personal como contrapartida” en el que fue en su día regidor del Ayuntamiento, además de en su concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi, diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva, “que se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas”.

Por parte de Cofely actuaron “activamente” responsables del Departamento Comercial, principalmente su director,Constatino Álvarez, el responsable de Mercado Público,Pedro García Pérez, así como personal del Departamento de Operaciones y el director general de la compañía en España,Mauricio Didier.

LAS PRESIONES

Asimismo, intervino David Marjaliza (arrepentido en esta trama y mano derecha de Francisco Granados), como conseguidor del contrato, intermediario con los mencionados cargos públicos municipales en la obtención de informaciones reservadas para preparar las ofertas de la compañía, como representante de la compañía en la negociación de los pagos de las comisiones e incluso como financiador, adelantando los primeros pagos de comisiones, objeto luego de reembolso, tal y como él mismo ha confesado en el juzgado.

Daniel Ortiz, según el juez , recabó información del avance de la fase de licitación del contrato presionando continuadamente sobre empleados públicos y autoridades municipales, “prevaliéndose de su posición como alcalde de la localidad”. El togado mantiene que estas iregularidades se hicieron a cambio de cobros de 240.000 euros, 500.000 euros y 6.000 euros“como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato”.