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ACTUACIÓN EN CATALUÑA

Macrooperación policial por corrupción en la Diputación de Barcelona

Un juez investiga el reparto presuntamente irregular de fondos de cooperación y ordena una docena de registros

EL PERIÓDICO
24/05/2018

 

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional están desarrollando en la mañana de este jueves una macrooperación con una docena de registros y posibles detenciones a raíz de un presunto caso de corrupción en la Diputación de Barcelona en la época en que Salvador Esteve (CiU) era su presidente.

Bajo el nombre de 'Estela', la operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona y se está llevando a cabo simultaneamente en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona.

Están previstas detenciones por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad docuemntal y fraude de subvenciones, según informan fuentes policiales. El juez también ha ordenado registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y en empresas. En concreto, los agentes ya han entrado en la Oficina de Cooperación al Desarrollo, ubicada en el número 55 de la calle Londres de Barcelona.

Fondos de cooperación
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona está investigando desde hace meses el reparto supuestamente irregular y, en ocasiones a dedo, de fondos de cooperación al desarrollo a empresas, fundaciones y patronales. Una de las entidades en el punto de mira es la Fundació CATmon, que tiene como objetivo el reconocimiento internacional de la "nación catalana". La preside Víctor Tarradellas y uno de sus patrones es el ahora diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases.

El máximo responsable del reparto supuestamente irregular de esos fondos es Jordi Castells Masanés, que era director de Relaciones Internacionales de la diputación y, tras cesar en ese cargo, fue rescatado por la Generalitat como jefe de servicio de gestión de la Dirección General de Administración Local de la Conselleria de Governació.  Castells fue aupado al cargo en la diputación tras la victoria electoral de CiU en el 2012 por el entonces coordinador, Josep Maria Matas, quien tuvo que dimitir ese mismo año tras trascender la facturación de sus empresas a la Associació Catalana de Municipis (ACM).

Etapa convergente
Esta etapa convergente comportó cambios en la política de cooperación y desarrollo, dando entrada a entidades con un cariz totalmente diferente. Algunas oenegés y entidades sociales arraigadas en Cataluña fueron desapareciendo del listado, en detrimento de organizaciones estrictamente patronales, como la PIMEC o un lobby energético, entre otras.

La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa habría logrado al menos 156.000 euros de las partidas de cooperación de la diputación, mientras que la patronal de curtidores suma 140.000 euros y la Cofradía de Pescadores otros 40.000 euros, según la documentación en poder de los investigadores. El dinero también iba a parar a consultoras especializadas en guiar a empresas en la conquista de nuevos mercados, asociaciones extranjeras o compañías de eficiencia energética e instalación de maquinaria.

En algunas ocasiones, los beneficiarios obtenían los fondos en sucesivos contratos menores, que permiten el reparto sin publicidad, pero no pueden superar los 18.000 euros. La sospecha es que existen algunos casos en que facturaban los directivos de determinadas sociedades a su nombre. En otros supuestos, las entidades beneficiarias estaban recién constituidas.

Avisos de anomalías
Hubo operaciones que se hicieron con la oposición expresa de los técnicos de cooperación, que advertían de supuestas anomalías, aunque también recibían instrucciones de cómo actuar. Los trabajadores de la diputación llegaron en su día a denunciar acoso laboral en el departamento de cooperación al desarrollo de la institución.

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