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LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

Manos Limpias, el 'peregil' de los casos de corrupción de Andalucía

El sindicato de ultraderecha impulsó la investigación de las facturas falsas de UGT

 

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (a la derecha), a su llegada al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para prestar declaración ante el juez Álvaro Martín por el caso de los ERE. - EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

JULIA CAMACHO
24/04/2016

Los dirigentes de Manos Limpias en Andalucía tenían muy clara su misión como azote del Gobierno regional socialista, al menos de cara a la galería. El pseudosindicato estaba personado en las dos macrocausas judiciales que ponen en solfa el gasto del dinero público destinado al empleo, como el caso ERE o más recientemente el de los cursos de formación. Pero además fueron los impulsores de la judicialización –mediante recortes de prensa—del caso de las facturas falsas de UGT, que destapó la supuesta financiación irregular del sindicato y acabó con la detención de 16 personas.

La operación policial que la pasada semana desarticuló a la organización ha llevado a la cárcel a sus principales dirigentes, entre ellos el representante territorial en Andalucía, José Marín. Su nombre no es ajeno a las noticias de tribunales, ya que es un exalto cargo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla que fue condenado en 2010 a cuatro años y tres meses por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental. Se incorporó a la entidad cuando obtuvo el tercer grado, ya que su tarea en Ausbanc fue precisamente el argumento utilizado para acreditar que fuera de la cárcel le esperaba una vida laboral. Pero más allá de las coincidencias, estas detenciones han tenido también repercusión en algunos de los procedimientos judiciales en los que participa Manos Limpias en la región, todos ellos con gran relevancia mediática.

Apenas un día antes de la detención de sus responsables, el abogado y el procurador que llevaban desde Sevilla la causa de los ERE fraudulentos como acusación popular presentaban un escrito ante el juzgado solicitando su renuncia por “motivos personales”. Pero poco después se supo que los dirigentes de Manos Limpias habían chantajeado a algunos de los imputados, como el presidente de Unicaja Braulio Medel, a cambio de retirar su acusación.

Manos Limpias siempre había mantenido que Medel había estado al corriente de lo que ocurría dada su condición de miembro del consejo rector en el órgano que pagaba las ayudas irregulares, que en última instancia daba el visto bueno a esos abonos. Sin embargo, tras su última declaración el pasado mes de marzo, el letrado de Manos Limpias daba un giro de 180 grados y entendía que la desimputación esta muy clara, y que debía ser mantenido en la causa únicamente como testigo. Su actuación también queda en entredicho en relación a la asociación de Consumidores en Acción Facua, con la que mantenía un intenso enfrentamiento y a la que por dos veces trató de vincular, sin éxito, con la supuesta financiación irregular de UGT-Andalucía después de perder un juicio contra el secretario de la asociación.

Fuentes del sindicato citadas por EFE confirmaron días atrás que aún no tienen decidido quien les representará en el caso, aunque deben darse prisa bajo amenaza del juzgado de expulsarlos de la causa. Las fuentes insisten en que la situación no es extensible al resto de causas por corrupción en las que participan como acusación, y que mantendrán por tanto a los letrados que llevan en ellas desde el inicio. Es el caso de Mercasevilla –el germen de los ERE, en donde se investigan otras tres ramas delictivas--; Invercaria – sobre las inversiones de dinero público hechas por la firma de capital-riesgo de la Junta de Andalucía-; el fraude en los cursos de formación, donde están personados desde finales de 2015, y, sobre todo, las facturas falsas de UGT.


A REMOLQUE

Es este precisamente el caso de corrupción donde la presencia de Manos Limpias cobra mayor relevancia. En las otras causas el letrado del sindicato formaba frente común con la acusación que ejercía el PP o iba a remolque, pidiendo la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, afeando que la Junta de Andalucía actuara más como defensa que como acusación o defendiendo a capa y espada la gestión y las decisiones de la antigua instructora Mercedes Alaya.

Sin embargo, en el caso de UGT-A, Manos Limpias fue la organización que judicializó el caso, presentando una treintena de denuncias a los juzgados sustentadas en la investigación realizada por los medios de comunicación por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida. El caso de las facturas falsas, que deriva del caso ERE, investiga cómo el sindicato desvió fondos públicos para sus gastos internos, desde aquellos relacionados con su actividad a otros más lúdicos como cenas en la caseta de feria, regalos de navidad o detalles con los asistentes a congresos. El escándalo surgió cuando aún no había amainado el temporal por las supuestas sobrecomisiones millonarias que supuestamente habrían cobrado los sindicatos en el caso ERE por actuar de intermediarios, y provocó que la sede central de UGT Andalucía fuera tomada por los agentes en diciembre de 2013 y registrada. Manos Limpias, que apuntó directamente a los dos últimos responsables del sindicato, los exsecretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, llegó a denunciar ante la Audiencia Nacional al exsecretario general Cándido Méndez,  y a reclamar incluso la suspensión cautelar de UGT-A.