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DESPLIEGUE DE SEGURIDAD

Marlaska toma el control de los Mossos y el resto de policías

Todos estarán bajo sus "órdenes directas", según ha explicado el presidente Pedro Sánchez Guardias civiles y agentes ven suspendidas todas sus vacaciones y deben estar localizables y disponibles

 

Policía Nacional y equipos médicos en la calle Marqués de San Nicolás, en Logroño - FERNANDO DIAZ / EFE

LUIS RENDUELES
14/03/2020

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es ya el "mando único" de todos los cuerpos policiales, incluidos los Mossos d'Esquadra, que quedarán bajo sus "órdenes directas", según ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar la declaración del estado de alarma en todo el país para luchar contra la pandemia del covid-19.

Marlaska será uno de los cuatro ministros que ejercerá como "autoridad competente delegada" en todo el territorio español para hacer que se cumplan las medidas del Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros y tendrá también bajo su mando a los integrantes de todas las policías locales y de Protección Civil.

El ejército, "preparado"

Las competencias de Marlaska, que contará con poderes excepcionales, le permitirán también ordenar el cierre de carreteras o de algunos tramos de las mismas. Además, podrá contar con la colaboración del Ejército español, de quien el presidente del gobierno anunció que "ya está preparado para ello".

Para hacer cumplir las medidas de confinamiento, el ministro del Interior podrá, por ejemplo, suspender las vacaciones de los agentes bajo su mando, algo que ya se ha anunciado con carácter inmediato para los 65.000 agentes activos de la Policía Nacional y los más de 76.000 guardias civiles. Todos ellos deberán estar disponibles y localizables en un muy breve lapso de tiempo para incorporarse al servicio.

Los miles de agentes que van a ser desplegados por las calles vigilarán que se cumplan las medidas aprobadas en el Real Decreto. Y estarán capacitados por la ley de 1981 para identificar a las personas que las incumplieran y proponer sus sanciones. Los ciudadanos que no hagan caso a sus indicaciones podrían cometer un delito de desobediencia o uno de resistencia a la autoridad, según la legislación que va a aplicarse. Esas normas contemplan multas que van desde los 100 euros (casos leves) a los 600.000 euros si se trata de casos muy graves de resistencia a la autoridad.