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Más de la tercera parte de los crímenes siguen sin resolverse

En 1980, la banda terrorista dejó un muerto cada cuatro días

MIRIAM RUIZ CASTRO
05/05/2018

 
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Aquilino, Manuel, Antonio, Miguel. Margarita, Josefina, Joaquina, María Luisa. A todos les quitó la vida ETA, pero sus familiares siguen sin saber quiénes son los responsables. Quién ordenó el asesinato, quién fabricó la bomba del atentado o quién apretó el gatillo. Es lo que les ocurre a los familiares de las 297 víctimas cuyos crímenes todavía hoy permanecen sin resolver, según el último informe que elaboró la fiscalía de la Audiencia Nacional en enero del 2017. Representa más de la tercera parte de las más de 800 vidas que ha segado la banda terrorista en su más de medio siglo de terror.

La carta en la que la organización anuncia que disuelve completamente todas sus estructuras dejó fríos a los familiares de las víctimas, que temen que los «contadores de ETA» –las muertes, los crímenes sin resolver, los heridos, los huérfanos, los extorsionados, los exiliados…– queden a cero. Con cada nueva vida arrebatada, anhelaban un fin de ETA que llega tarde, pero reclaman que venga acompañado de justicia. En palabras de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, «en la historia de ETA quedan muchos renglones por escribir. Tantos como crímenes faltan por esclarecer o víctimas por aparecer»». La fiscalía cifra en 224 los atentados mortales en los que «no se han podido exigir responsabilidades criminales»» a sus autores o cómplices.

En 1980, ETA dejaba un muerto cada cuatro días. Cuentan las crónicas de entonces que el sonido de la lluvia ponía banda sonora a los entierros que se sucedían en Euskadi. Fue el más sangriento de «los años de plomo». Durante el Gobierno de la UCD (1979 y 1982), la banda terrorista se llevó de golpe más de 200 vidas. No es de extrañar que sea aquí donde se acumulen más atentados aún sin responsables, hasta 128. Le siguen los mandatos de Felipe González (1982-1996), con 83 casos sin resolver; 12, con José María Aznar en el Gobierno (1996-2004), y uno con José Luis Rodríguez Zapatero, en el 2009, en Calvià (Mallorca), donde dos guardias civiles fueron asesinados.

En el 2011, ETA anunció el «cese definitivo» de su actividad armada. Un mes después, la Fundación Víctimas del Terrorismo llevó a la Audiencia Nacional lo que consideraba la más terrible cuenta pendiente de la banda terrorista: sus crímenes sin resolver. El listado de las víctimas acumulaba 349 muertes sin responsables, casi cuatro de cada 10 de los asesinados en 50 años de actividad terrorista (1960-2010). La Audiencia comenzó una búsqueda en archivos y carpetillas y acabó reduciendo la cifra a 297, puesto que para 52 víctimas asesinadas en 46 casos no encontraron antecedentes documentales en la fiscalía. De esas 297 víctimas, las causas de 167 de ellas habían sido sobreseídas por no haber identificado a los autores. Y en las de las 130 restantes, se dictaron resoluciones diversas, pero al menos alguno de sus implicados siguen impunes.

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