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DESDE MADRID

Moncloa, zona cero

Cataluña, Euskadi y Madrid tomaron decisiones unilaterales que precipitaron la declaración del estado de alarma al que Sánchez se resistía. La legislatura ha saltado por los aires: Presupuestos, mesa de diálogo, agenda social, elecciones vascas y gallegas y hasta los plazos de la casación de la sentencia de Torra

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Moncloa. - EFE / POOL

José Antonio Zarzalejos
14/03/2020

La mañana de este viernes resultó amarga en la Moncloa. El presidente y su equipo más cercano comprobaron que el "plan de choque" anunciado el día anterior recibía una escasa valoración en los medios que reflejaban la irritación de los agentes financieros y empresariales que esperaban una mayor radicalidad en las medidas para combatir el desastre económico del covid-19. Por otra parte, y mientras el número de contagios y fallecimientos se incrementaban, tres comunidades autónomas, unilateralmente, tomaban decisiones de profundo calado, incluso constitucional.

Cataluña confinaba a 70.000 personas en Igualada aplicando legislación propia -interpretada con un escaso escrúpulo garantista- y ordenaba el cierre de establecimientos públicos con excepción de los de primera necesidad. El lendakari, Íñigo Urkullu, anunciaba una "alerta sanitaria" con intención de seguir los pasos de Quim Torra y confinar indiscriminadamente a bolsas de población con el objetivo de evitar su movilidad y, así, la del virus.

Por fin, el Consejo de Gobierno de Madrid, en su reunión ordinaria de los viernes, decretaba la clausura de establecimientos de hostelería, ocio y cultura y gestionaba el equipamiento hospitalario de centros hoteleros de la capital. Las tres comunidades autónomas de mayor significación política estaban haciendo uso de sus legislaciones territoriales mientras el Ejecutivo no activaba la suya: la ley orgánica de 1 de junio de 1981 que desarrolla el artículo 116 de la Constitución en el que se prevén los estados de alarma, excepción y sitio.

Según las tesis más complacientes con la parsimonia del Gobierno, Pedro Sánchez ha rehuido adoptar una medida que pone bajo el control de la Administración General del Estado la gestión de una crisis epidémica cuando la sanidad pública está transferida a las comunidades autónomas. El prurito de Moncloa respecto de la integridad competencial de las autonomías se diluyó cuando en las primeras horas de este viernes se recibieron inputs desde distintas instancias -incluso internacionales- que advertían de la disfuncionalidad de los distintos grados de contención territorial de la pandemia.

Resquicio de 24 horas

Solo 24 horas antes, Sánchez confiaba en seguir manteniendo engrasados los mecanismos de coordinación a través de la persuasión del ministro de Sanidad, el eficiente Salvador Illa. No fue posible y, precipitadamente, el presidente, con un grupo muy pequeño de colaboradores, decidió la declaración institucional sin esperar a convocar el mismo viernes un Consejo de Ministros para aprobar el decreto de estado de alarma. Se celebrará este sábado con carácter extraordinario, marcando una dilación entre el anuncio de la decisión y su ejecución. A primera hora de la tarde de este viernes, las carreteras de salida de Madrid hacia Andalucía Valencia estaban colapsadas. Un verdadero éxodo, aspersor del virus, aprovechando el resquicio de estas 24 horas de inexplicable carencia de estado de alarma.

El presidente del Gobierno, además, mejoró su empatía emocional este viernes respecto de la que transmitió en su comparecencia del jueves. Como hicieran antes Angela Merkel o Emmanuel Macron, reconoció que se llegará a los 10.000 infectados, se dirigió expresamente a los ciudadanos en edad vulnerable y apeló directamente a los jóvenes. Hasta el momento, la comunicación de la Moncloa había sido fría y burocrática. Y aunque la lectura de la declaración por el jefe del Gobierno no resultó brillante –-hubo momentos de desajuste gramatical- el secretario general del PSOE se esforzó en mostrar una emotividad que le resulta difícil transmitir. 

Para el presidente del Gobierno la situación es desbordante. No solo porque la pandemia constituya un formidable desafío de gestión sanitaria y económica y por su derivación global, sino también porque hace saltar por los aires las previsiones de la legislatura, propicia que los Presupuestos no puedan aprobarse este año -o si se aprueban, sean unas cuentas de mera contingencia-, se frustra la agenda social acordada en el pacto de coalición y se retrasa sine die la interlocución para solventar la cuestión catalana en la mesa de diálogo intergubernamental. En el aire, además, la celebración de las elecciones del día 5 de abril en Galicia y País Vasco y la posibilidad de que la ralentización del Tribunal Supremo en los recursos con vista oral -es el caso del interpuesto por Torra- aplace la sentencia de casación mucho más allá del mes de septiembre, lo que abre una expectativa temporal nueva a la legislatura catalana.

El foco de la pandemia

A Sánchez, como a todos sus predecesores en la gestión de crisis de distinta naturaleza, le pesa como una losa la concentración del 8-M sobre la que el coordinador del seguimiento de la pandemia, Fernando Simón, se mostró ambiguo. Según el organismo de control de enfermedades de la Unión Europea (UE), la manifestación con 120.000 personas no debió autorizarse, como tampoco el mitin de Vox que reunió a 9.000 ese mismo día. Los test que han detectado la infección en dos ministras se corresponden con los positivos registrados por el presidente, el secretario general y la portavoz adjunta del partido ultra, de tal manera que ni unos ni otros están en condiciones de cruzarse reproches por una evidente irresponsabilidad cometida en Madrid -el foco de la pandemia en España- el pasado domingo.

Sin embargo, la Moncloa no tuvo reflejos -quizá tampoco fortaleza política- para disuadir de la concentración feminista y no le han sobrado en la aplazada pero inevitable declaración del estado de alarma que, lejos de suponer un recorte de libertades, es un aval a la salud de los ciudadanos, el primero de sus derechos. Todo convergía este viernes en la Moncloa, donde se respiraba un ambiente contrariado, y convertido el complejo presidencial en la zona cero (política) de la pandemia del coronavirus.