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El Poder Judicial sale en defensa de la Justicia frente al Gobierno

La Comisión Permanente del CGPJ apela a la mesura y la responsabilidad en respuesta al vicepresidente Iglesias. El líder de Podemos afirmó en un programa de televisión que la justicia española había resultado humillada en Europa

 

Pablo Iglesias, a su llegada a la Moncloa. - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

ÁNGELES VÁZQUEZ
15/01/2020

La Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dado 100 días al nuevo gobierno. Ni una semana. Su Comisión Permanente no ha querido dejar pasar la afirmación del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, relativa a que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos, y ha apelado a "la moderación, prudencia y mesura", así como "a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial.

Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", sostiene.

Ello "incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos".

En este sentido, explica que en el 'procés' solo hay dos pronunciamientos. Una es la sentencia del TJUE del pasado 19 de diciembre, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Supremo español y que establece que la inmunidad de los europarlamentarios comienza cuando son elegidos.

Añade que en cumplimiento de esa resolución el alto tribunal comunicó al Parlamento Europeo la inhabilitación del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que le impide ejercer en esa Cámara, lo que fue inmediatamente aceptado y ejecutado por el Europarlamento, y solicitó a esta la suspensión de la inmunidad de los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín.

El otro pronunciamiento del TEDH confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era necesaria en una sociedad democrática para el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás.

REVÉS ALEMÁN

Añade que ninguno de las euroórdenes cursadas ha tenido una respuesta definitiva ni por parte de Bélgica en el caso de Puigdemont y Comín, que se encuentran suspendidas, ni la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí. No obstante, admiete que el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.