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Un nuevo tiempo político

Reformas congeladas

«No vamos a poder resolverlo todo», asume Sánchez H El Gobierno sí debe aprobar el techo de gasto del próximo año antes de que acabe junio

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
03/06/2018

 

El PSOE gobernará de nuevo pero el modelo alternativo de país que había imaginado en su programa electoral del 2016 y en su presupuesto alternativo para el 2018 tendrá que esperar. De momento, el cambio de Ejecutivo tendrá como consecuencia inmediata la paralización de las reformas pendientes en el sistema público de pensiones y en la financiación autonómica, según admitió el propio Pedro Sánchez en el debate parlamentario de la moción de censura. Tampoco será posible acometer a corto plazo la promesa socialista de derogar la reforma laboral del PP.

Lo que sí hizo Sánchez fue insistir en que el nuevo Gobierno «va a cumplir con los objetivos de déficit público» comprometidos con la Unión Europea. Además, se comprometió a respetar el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 impulsado por el Gobierno del PP, al tiempo que se empezará a trabajar en los del 2019. El nuevo techo de gasto presupuestario para el año próximo debe ser aprobado antes de acabar junio.

Durante el debate, Sánchez, que ayer tomó posesión como nuevo presidente, repitió una y otra vez el mensaje de que no había que hacerse demasiadas ilusiones sobre las reformas pendientes dada la extrema precariedad parlamentaria en la que tendrá que desenvolverse este Ejecutivo (solo 84 diputados socialistas sobre 350). «Nosotros no vamos a poder resolverlo todo», reconoció Sánchez al diputado Joan Baldoví para frenar las expectativas de Compromís respecto de la reforma de la financiación autonómica.

Lo mismo para la reforma del sistema de pensiones o para la promesa socialista de derogar la reforma laboral. «Hay que ser muy conscientes de lo que se le puede pedir o no al Gobierno en lo relativo al nuevo estatuto del trabajo y a derogar las contrarreformas del sistema público de pensiones», reconoció Sánchez a la portavoz de EH Bildu, sin renunciar a ello en el futuro.

Una reforma del Estatuto de los Trabajadores para devolver a estos poder en la negociación colectiva es una vieja promesa electoral socialista a la que no hizo mención alguna el candidato Sánchez en el debate parlamentario de esta semana. En materia laboral, los compromisos asumidos en el debate por el candidato se centraron en una nueva ley de igualdad salarial contra la brecha de género.

Ante la etapa que se abre de precariedad parlamentaria, Sánchez fía las posibles reformas al diálogo social. La experiencia muestra que los acuerdos entre patronal y sindicatos que llegan al Congreso siempre reciben el apoyo unánime de los grupos.

Por eso, Sánchez abogó el jueves por reactivar el diálogo con los agentes sociales para buscar respuestas a cuestiones tales como un pacto de rentas que permita mejorar los sueldos, la temporalidad de los contratos, la figura del «trabajador pobre», la precariedad de los falsos autónomos, la elevada fiscalidad de las pymes (pequeñas y medianas empresas) o el difícil acceso a la vivienda de los jóvenes. «Vamos a ir paso a paso», admitió Sánchez ante Alberto Garzón, de Unidos Podemos.

La reforma del sistema público de pensiones avanza a duras penas en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso al tiempo que el Gobierno (saliente) se vio forzado a atender las demandas de las protestas de jubilados con subidas de las prestaciones este año entre el 1,6% y el 3%.

Reconstruir consensos

En este punto, el candidato Sánchez se marcó como obligación el compromiso genérico de «reconstruir los consensos rotos en el marco del Pacto de Toledo» para impulsar un «debate sereno sobre el futuro del sistema público de pensiones». Y poco más. «Hay que ser conscientes del contexto y la complejidad en la que se va a desarrollar la tarea de este Ejecutivo», se volvió a excusar Sánchez ante la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria.

Después de años de retraso en la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, todo apunta a que el cambio de Gobierno va a impedir la negociación de un nuevo modelo este año. Evidentemente, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía celebrarse como muy tarde en los primeros días de junio ya no tendrá lugar, ante la ausencia aún de un nuevo ministro de Hacienda.

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