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Las secuelas del terror en la región

Víctimas extremeñas hablan de ese día en el que ETA les cambio la vida para siempre H Exigen al Estado de Derecho que no haga concesiones

Rocio Cantero Rocio Cantero
05/05/2018

 
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A Antonio Guerra una granada lanzada por ETA le arrancó el brazo derecho mientras patrullaba junto a un cuartel de Algorta (Vizcaya) en 1982 y diecisiete días después, Mari Ángeles Carretero enviudaba con 27 años. Su marido era Pablo Fernández Rico, asesinado por tres disparos cuando estaba en el puesto de la Guardia civil en Ondarroa (Vizcaya). A Navitidad Asturillo la banda terrorista le «arruinó» la vida en el atentado de la calle del Correo en Madrid (1974); José María Antón resultó herido mientras trataba de desactivar un artefacto explosivo (1988) y contra Juan Manuel Sánchez Polo, la banda trató de actuar en tres ocasiones, la última, en 1990, con una bomba en su coche que le causó diversas heridas cuando estalló... ETA no ha atentado nunca en la región, pero la onda expansiva de sus actos ha llegado, y ha roto muchas familias extremeñas durante esos 59 años que parece que llegan a su fin. No todos se fían del ocaso de la banda y menos aún están dispuestos a perdonar.

«Lo mejor del anuncio de ETA sobre su disolución es que supone que no volverá a haber más familias rotas por sus actos. Pero no nos equivoquemos, no se puede perdonar todo y los terroristas deberán pagar por lo que hicieron, asumir su responsabilidad», dice José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite).

En los últimos días, Antón ha leído detenidamente el comunicado hecho público por la banda terrorista y ha extraído conclusiones. Ve positivo que reconozcan que el uso de la violencia no ha servido para conseguir los objetivos políticos que perseguían; «pero en esa carta hay también muchas mentiras que cuesta digerir, como el hecho de que hablen de una confrontación armada», asevera e insiste: «eso es mentira, porque nunca ha habido una confrontación armada con ETA, ha habido actos de terrorismo de ETA que las fuerzas de seguridad tuvieron que rebatir», matiza.

Odio y falta de libertad

Durante una década (ente 1978 y 1988) José María Antón trabajó como Policía Nacional en el País Vasco y se ocupó de desactivar algunos de los artefactos con los que la banda trató de asesinar. Varios le estallaron y tras el último decidió salir de allí. «Cómo pueden hablar ahora de falta de libertad cuando han sido ellos quienes han impuesto el odio en en el País Vasco», lamenta.

Inmaculada Sánchez Polo no ha sentido en sus carnes la violencia de ETA pero sí forma parte de su trágica historia. «A mi hermano le destrozaron la vida con 30 años», recuerda la actual presidenta de la delegación extremeña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Fue el 14 de diciembre de 1990. Juan Manuel Sánchez Polo, Jefe de Seguridad de la Policía Nacional en San Sebastián procedente de Badajoz, se disponía a entrar en su coche cuando estalló una bomba lapa que la banda terrorista había colocado en los bajos del vehículo. Era el tercer atentado que sufría. De las heridas se recuperó («fue esencial la rápida actuación de Gregorio Ordóñez, que era muy amigo suyo y decidió llevarlo a otro hospital, fíjate, lo que es la vida», recuerda Inmaculada Sánchez), pero las secuelas psicológicas «destrozaron a mi hermano», apunta la dirigente de la AVT, muy crítica con el anuncio de la organización terrorista. «Ha sido un final por fascículos con una pantomima final dirigida por Josu Ternera, un terrorista que debería estar en la cárcel», asevera

La responsable extremeña de la AVT cree que el final elegido por la banda «es una farsa para venderse a la comunidad internacional y exige por ello al Gobierno central «una respuesta contundente», para que no les quite a las víctimas el derecho a que la foto final de ETA sea «la de una ETA derrotada, no victoriosa y que humilla a las víctimas». Sánchez Polo repite varias de las afirmaciones de los cinco párrafos que integran el comunicado de la banda y se detiene en la que hace referencia a que seguirán trabajando «con la responsabilidad y honestidad de siempre» (sic). «¿Cómo pueden decir después de 59 años de terrorismo que han trabajado con responsabilidad y honestidad?», cuestiona. Además señala que la banda terrorista «no ha entregado las armas y no ha pedido perdón a todas las víctimas porque para ellos hay víctimas, como mi hermano, como el resto de los integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que consideran que no deben pedir perdón».

Antonio Guerra solo llevaba cuatro meses como Guardia Civil en el País Vasco cuando resultó herido de gravedad en un atentado. Eran los años más sangrientos de la banda terrorista, esos en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se situaban en la diana de ETA y ocupaban casi a diario portadas tras un nuevo acto macabro. Guerra patrullaba en 1982 en Algorta (Vizcaya) cuando un comando de ETA les atacó y una granada le seccionó el brazo derecho. Fue un mazazo, pero se repuso y 12 días después comenzó a aprender a escribir con la mano izquierda, después a disparar, volvió a la academia y se mantuvo en activo como Guardia Civil durante 12 años más. «Tenía 30 años y no iba a permitir que me arrebataran la vida igual que el brazo», recuerda. Hoy es de los que desconfía de la decisión de la banda y no perdona.

«¿El final de la banda? ¿Has visto lo que ha ocurrido en Alsasua? Esa gente sigue ahí, no es el final», asevera este agente de la benemérita, ya licenciado, que recuerda que durante años fue a muchos entierros de compañeros asesinados por ETA. «No me importa si piden perdón porque yo no les voy a perdonar; no quiero más que cumplan las penas. Nadie sabe el dolor que han causado. Han destrozado familias enteras», cuenta.

Guerra, como Antón o Sánchez Polo son tres de los extremeños que forman parte de esa veintena que sobrevivió a un atentado de la banda terrorista. Junto a ellos hay 54 víctimas mortales de la región, más de 800 en toda España y un número indeterminado de heridos en más de medio siglo de ataques.

Ni olvido ni perdón

«Yo no perdono ni olvido, y lo único que quiero es que los terroristas cumplan sus condenas, porque las vidas que ellos segaron no van a volver», dice Mari Ángeles Carretero. Tenía 27 años y dos hijos de 3 años y seis meses cuando un etarra mató de tres disparos a su marido (Pablo Fernández) en el puesto de la benemérita en Ondarroa (Vizcaya). Había llegado al País Vasco concentrado (como refuerzo) para trabajar durante un año. Han pasado 36 años y los acontecimientos de los últimos días, reconoce, «son dolorosos».

Natividad Asturillo tampoco concibe el perdón. «¿Perdonar?, ¡Pero cómo les voy a perdonar, si me arruinaron la vida!». Está reconocida desde el 2007 víctima de ETA. Fue uno de los 90 heridos del atentado que la banda cometió en 1974 en una cafetería de la calle del Correo de Madrid y en el que murieron 13 personas. El local solía estar frecuentado por agentes de la policía nacional porque había una academia a pocos metros, y la banda colocó un artefacto que afectó también a otra cafetería que había al otro lado de ese establecimiento. Allí era donde estaba Natividad, por casualidad. Trabajaba en una tienda próxima a la Puerta del Sol y ese día había ido a tomar allí un café. Los restos de la deflagración le aplastaron el cráneo «y me destrozaron la vida», recuerda. Más aún cuando el comando que actuó ese día se benefició de la amnistía de 1977.

«Nadie me preguntó si estaba de acuerdo y después de ese momento es como si el atentado no hubiera existido, se olvidaron de las víctimas», lamenta. De hecho, aunque años después logró localizar el atestado que acreditaba su condición de víctima a través de la Audiencia Provincial de Madrid, no le autorizaban a acceder. «Me decían que el delito había prescrito y no me podían dar el sumario», recuerda. Pero lo consiguió.

Asturillo procede de Salamanca pero toda su familia vive en Mirandilla desde hace más de 30 años y ella es ahora la vicepresidenta de Asexvite. «Lo que ETA ha hecho ahora es una puesta en escena más; pero hay aún más de 350 crímenes por aclarar, así que si quieren perdón que empiecen por colaborar con la justicia para esclarecerlos... que el señor Josu Ternera (uno de los que leyó el comunicado) salga de donde esté y venga cumplir por los atentados que cometió. Y después nos pensaremos si les perdonamos», asevera.

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