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El TC ampara al PSC ante la tramitación de una moción para culminar la independencia

El tribunal, que ya anuló en 2018 la propuesta de la CUP, declara la obligación de la Mesa de no tramitar aquellas cuya inconstitucionalidad sea evidente. La sentencia cuenta con un voto particular de la magistrada Encarnación Roca que entendía que debió darse la razón al partido con otra argumentación

 

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. - EL PERIÓDICO / ARCHIVO

ÁNGELES VÁZQUEZ
31/10/2019

El pleno del Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a los diputados del Grupo Parlamentario del PSC frente a la decisión de la Mesa del Parlamento de dar trámite a la que, una vez aprobada, sería la Moción 5/XII, propuesta por la CUP y por la que la Cámara catalana se comprometía a culminar la independencia de Cataluña, conforme el mandato del 9-N. La sentencia incluye una novedad: declara que la Mesa de las Cámaras legislativas tienen la obligación de no tramitar mociones cuya inconstitucionalidad sea "palmaria y evidente", lo que ha llevado a la magistrada Encarnación Roca a hacer un voto particular.

Los apartados 1, 2 y 3 de esa moción, aprobada el 5 de julio de 2018, fue anulada por el alto tribunal en diciembre de ese mismo año en una de las resoluciones que el Gobierno de Pedro Sánchez cita a la hora de impugnar las últimas resoluciones del Parlament a favor de la autodeterminación. En este caso, lo que ha resuelto el Constitucional es la vulneración de los derechos de los diputados socialistas, no la constitucionalidad de la moción en sí; como eso se tramita por la vía del recurso de amparo su resolución es más lenta que cuando se trata de los recursos del Gobierno.

La sentencia del Constitución explica que los diputados socialistas se opusieron a la tramitación de la moción ante su manifiesta inconstitucionalidad, ya que se comprometía a seguir adelante con los planes soberanistas ya anulados por el alto tribunal en 2015.

OBLIGACIÓN DE NO TRAMITAR

Para el TC, la lesión de los derechos de los socialistas se produjo. Explia que, aunque sea excepcional que las Mesas de las Cámaras puedan controlar el contenido material de las iniciativas parlamentarias, esa "posibilidad se abre cuando se trate de propuestas cuya inconstitucionalidad sea palmaria y evidente". Y esa opción se convierte en "obligación de la Mesa cuando medie un mandato del Tribunal Constitucional impeditivo de la tramitación de determinada iniciativa". Una comprensión distinta de la "fuerza vinculante de las resoluciones del alto tribunal supondría asumir que el valor de cosa juzgada de las sentencias del tribunal es relativo y que no se aplica la doctrina que se deriva de sus pronunciamientos", afirma la sentencia.

La Mesa del Parlament tramitó la moción a sabiendas de que existía una resolución previa del Constitucional que le impide darle curso, por tratarse de una mera reiteración de la Resolución 1/XI, que ya ha sido anulada. En consecuencia, la decisión de la Mesa de la Cámara constituiría un manifiesto incumplimiento de su deber de respetar lo resuelto por este Tribunal y de ese incumplimiento se derivaba asimismo la vulneración de los derechos del grupo recurrente, integrante de la minoría parlamentaria.

VOTO CONCURRENTE

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente formulado por la magistrada Encarnación Roca quien considera que la doctrina que hubiera debido aplicarse es la recogida en tres sentencias del alto tribunal, dos de 2018 y una de 2019. En ella se afirmaba que la Mesa del Parlamento está obligada a inadmitir una iniciativa en los casos de incumplimiento manifiesto de lo resuelto por este tribunal y que sea consciente de que al tramitarla puede estar incumpliendo su deber constitucional de acatar lo resuelto por el TC. 

Por tanto, la estimación del recurso no hacía preciso forzar ni modificar el canon existente, pues esa estimación se podía fundamentar en el incumplimiento de una previa prohibición del tribunal. La magistrada también discrepa de la argumentación de la sentencia en el sentido de que puede permitir a las mesas de las cámaras funciones materialmente jurisdiccionales, carentes de cobertura constitucional y totalmente ajenas a la naturaleza y condición de dichos órganos.