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TRIBUNAL SUPREMO

Torrent denuncia a Llarena por "detención ilegal" de diputados y prevaricación

Considera que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria"

EL PERIÓDICO
15/06/2018

 

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este viernes al juez instructor de la causa por el proceso soberanista, Pablo Llarena, y a otros tres magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra los derechos fundamentales de los diputados en prisión y en el extranjero, detención ilegal, obstrucción al funcionamiento de la Cámara y prevaricación judicial.

En la denuncia, que se ha presentado este viernes en el registro del Tribunal Supremo dirigida a la Sala Segunda, consideran que al mantener en prisión preventiva a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, recordando que los parlamentarios gozan de inmunidad, por lo que deberían haber sido liberados al ser elegidos el 21-D.

Consideran que mantenerles en prisión supone un "ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria" ya que el Parlament tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de ningún otro órgano.

INVESTIDURAS FRUSTRADAS

La denuncia también alude a los intentos frustrados de investir como presidente de la Generalitat primero a Carles Puigdemont -huido a Bélgica y actualmente en Berlín, pendiente de saber si la justicia alemana lo extradita a España- y después a Jordi Sànchez y Jordi Turull, que se encuentran en situación de prisión preventiva.

Según se expone en la denuncia, elaborada por los servicios jurídicos del Parlament, se ha cometido un "delito de detención ilegal" al verse privados de libertad los diputados citados en el escrito "sin que la ley lo permita y sin mediar causa por delito".

Incluso si hubiese mediado "causa por delito", subraya el texto, tendría que considerarse "detención ilegal" el hecho de acordar, practicar o prolongar "cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales".

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