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A PETICIÓN DE PUIGDEMONT

El tribunal alemán reclama a Llarena el informe de Montoro sobre la malversación del 1-O

En el escrito, solicitado por la defensa de Puigdemont, el exministro negaba contradecir los medios de prueba del Supremo

Ángeles Vázquez
19/06/2018

 

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que tiene pendiente resolver sobre la entrega a España del expresident Carles Puigdemont, reclamado por los delitos de rebelión y malversación, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, el informe con el que el pasado mes de abril el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro contestó a su requerimiento sobre los datos que podrían sustentar la acusación de malversación de fondos públicos contra varios de los investigados, informaron fuentes próximas a la defensa del 'expresident'.

La petición del tribunal alemán, que aún no ha llegado al español, se realiza por iniciativa del equipo de abogados de Puigdemont que tratan de desmontar la existencia del delito de malversación aprovechando que Montoro negó en una entrevista que se hubiera destinado un euro público al 'procés'. Acreditar que existió este delito será clave a la hora de decidir sobre la entrega, sobre todo después de que el tribunal adelantara en su primera resolución que veía complicado entender que hubo la violencia suficiente para su delito alta traición, equivalente al nuestro de rebelión.

De ahí que Llarena se apresurara a requerir al entonces ministro que aclarara sus afirmaciones. La respuesta que recibió es la que ahora solicita la defensa del 'expresident', pese a que en ella Montoro afirma: “Mis declaraciones en modo alguno contradicen los medios de prueba practicados por los Tribunales de Justicia".

La información de Llarena
Llarena utilizó esa respuesta para a su vez contestar a las alegaciones de las defensas contra el auto de procesamiento que dictó contra Puigdemont y los otros 22 responsables de la declaración unilateral de independencia. En la resolución en la que confirmaba la anterior explicaba que el propio ministro admitía “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta”.

Además, aseveraba que la información remitida por el ministerio “no sólo no acredita que la investigación de este proceso se muestre errónea, sino que la propia fiscalización de las cuentas de la Generalitat" que hizo Hacienda "detectó (y mucho antes de que se desatara la polémica que la defensa esgrime), determinados marcadores que sugerían lo que el auto de procesamiento sostiene”.

El juez precisaba que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) había dictado cuatro acuerdos para el control presupuestario de Catalunya y destacaba la información que había recabado de la Intervención de la Comunidad Autónoma, así como las denuncias que había ido formulando ante la Fiscalía General del Estado para que investigue posibles responsabilidades penales de autoridades o funcionarios de la Generalitat de Catalunya en relación con las campañas promocionales del referéndum o del Diplocat, por los gastos generados por los observadores internacionales contratados para el 1-O.

En su informe la Guardia Civil elevó a 3.269.236 euros el dinero que la Generalitat destinó al 1-O. A lo largo de 47 páginas, en las que detalla que la Generalitat abonó 1.588.188 euros y tiene pendientes de pago otros 1.664.848, "cuantifica las cantidades que la Generalitat ha destinado a la celebración del 1-O, individualizando los importes de los departamentos concretos que han comprometido gasto, reconocido deuda o incluso, sufragado pagos". Todo ello, precisa, "sin olvidar, que el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada y consensuada" por todo el Govern.

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