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estadísticas del impuesto sobre el patrimonio del año 2017 publicada por la agencia tributaria

Los 1.200 extremeños más ricos declaran un patrimonio conjunto de 2.214 millones

Abonaron por este tributo a las arcas públicas más de 5,3 millones, unos 4.500 euros cada uno . Son 200 personas más que en el 2011, cuando se recuperó el impuesto, pero baja la cantidad total

REDACCIÓN
09/09/2019

 

Casi 200 extremeños más que hace cinco años declararon el Impuesto de Patrimonio en el año 2017. Fueron, en total, 1.218 contribuyentes que en conjunto suman un patrimonio de 2.214 millones de euros, de los que una cuarta parte (más de 521 millones) corresponden a bienes inmuebles, según la última estadística publicada esta semana por la Agencia Tributaria correspondiente al ejercicio del 2017. Esto supone que cada uno de ellos tiene una fortuna media de 1,8 millones.

No obstante, aunque sube la cifra de extremeños acaudalados, no lo hace el patrimonio total declarado en estos últimos cinco años, sino que se ha reducido, pasando de los 2.296 millones de euros declarados en conjunto en el 2011 a los 2.214 del 2017. Hay más pudientes, pero acumulan menos capital, 82 millones menos en la suma total.

La comparativa con el 2011 resulta interesante porque fue ese año cuando se recuperó en España el Impuesto de Patrimonio, un tributo estatal cedido a las comunidades autónomas que grava solo a las personas que, con carácter general, cuentan con una base imponible superior a los 700.000 euros, pero algunas comunidades han reducido esta cantidad. Es el caso de Extremadura, donde a partir del 2016 se fijó en 500.000 euros, y esta podría ser una de las razones del aumento de contribuyentes con un mayor nivel de riqueza.

Para calcular esta base imponible se tienen en cuenta el valor de los bienes y servicios de contenido económico, se deducen los gastos y el valor de la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros. Esto supone que quienes declaran tienen un patrimonio bruto que supera el millón de euros. España se mantiene como uno de los pocos países europeos con este impuesto que no está exento de polémica, precisamente porque al no gravar las rentas del trabajo o del capital anual, que ya se declaran en el IRPF, hay quienes lo consideran una doble imposición.

A partir del 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció un 100% de bonificación y se eliminó la obligación formal de presentar declaración por el Impuesto sobre Patrimonio. A partir del 2011, en plena crisis económica, también fue Rodríguez Zapatero quien restableció temporalmente la obligación a declarar como arma para combatir la crisis.

¿dónde está el capital? / De los más de 2.200 millones declarados en Extremadura, casi el 70% de esta fortuna (más de 1.500 millones) está en capital mobiliario: deuda pública, acciones, cuentas bancarias corrientes o de ahorro. Le siguen los bienes inmuebles, la mayoría de naturaleza urbana, que suman más de 521 millones de euros (casi el 24% del total).

Estos 1.200 contribuyentes extremeños declararon, asimismo, 78 millones de euros en patrimonio afecto a actividades económicas; 46,3 millones de euros en seguros y rentas; y otros 47 millones en otros bienes y derechos de contenido económico (concesiones administrativas, derechos de la propiedad intelectual o industrial,...). Y entre los extremeños más acomodados, también hay 164 que declaran bienes suntuarios, en concreto, vehículos de lujo, joyas, pieles... aunque estos artículos solo representan un importe de 2,1 millones del total declarado en Extremadura por este tributo. Son prácticamente los mismos que en 2011.

Una vez aplicadas todas las dededucciones y bonificaciones correspondientes a este impuesto, 1.170 contriyentes extremeños abonaron a las arcas públicas un total de 5,3 millones de euros. Esta cantidad supone que de media cada declarante pagó 4.546 euros.

El aumento de contribuyentes ha supuesto un aumento también de la recaudación por este tributo. En el año 2017 el impuesto que grava las fortunas recaudó algo más de 5,3 millones, lo que supone un aumento del 30% respecto al 2011, cuando se abonaron 3,7 millones de euros.

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