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1.420 ancianos en lista de espera para vivir en una residencia pública

Extremadura cuenta con 315 centros y un total de 14.035 plazas residenciales, el 40% están en el sector privado. Sanidad prepara un decreto de ayudas para aumentar la cobertura a dependientes en los centros municipales

Guadalupe Moral
22/04/2018

 

En Extremadura hay 217.000 de personas que superan los 65 años. Son casi 15.000 más que hace quince años y representan el 20% de la población. También existen 111.100 hogares en los que solo vive una persona, y de estos, 51.600 están ocupados por un extremeño mayor de 65 años. Suponen casi el 50% del total de los hogares unipersonales y son un 10% más que en 2013.

Y estas cifras seguirán en aumento. La esperanza de vida se ha incrementado cuatro años en apenas un lustro. Ha pasado de media de los 78 años del 2000 a los 82 del 2016. El número de los extremeños que superan los 90 casi se ha cuadruplicado en solo una década. Son en la actualidad más de 12.600 extremeños los que llevan cerca de un siglo vivos, frente a los 7.000 de 2007.

La soledad, el envejecimiento o la falta de autonomía hace que cada vez más extremeños tengan que buscar ayuda en su día a día. En muchos casos la mejor o la única opción es trasladarse a vivir a una residencia de ancianos, pero los potenciales usuarios crecen a un ritmo más rápido que los recursos, al menos que los recursos públicos.

En Extremadura hay actualmente más de 14.000 mayores que viven en algunas de 315 residencias repartidas por la geografía extremeña. De estas, 28 son de titularidad pública y pertenecen al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad). Luego hay otros 81 centros privados y 206 municipales. La oferta total de plazas residenciales alcanza las 14.034, de las cuales 7.922 (el 56%) están destinadas a personas dependientes. La cifra es suficiente según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determina que deben existir al menos cinco plazas por cada cien mayores de 65 años y en Extremadura son casi un 6%. Sin embargo, la demanda es superior a la oferta en los centros públicos, donde no hay plazas disponibles, ni públicas ni concertadas. En las residencias privadas hay vacantes en algunas zonas, pero sin subvención no todos los mayores pueden hacer frente a sus costes, que suelen oscilar entre los 1.000 y 1.500 euros frente a los 600 o 700 de la pública (al cobrarse el 65 y 75% de la pensión). Por eso, en la actualidad hay 1.420 extremeños dependientes en lista de espera para ingresar en una residencia pública –la patronal de las residencias privadas habla de 2.500 personas en 2017 contabilizando también a los autónomos en lista de espera–. Esto no quiere decir que haya 1.420 mayores desatendidos, remarcan desde la Consejería de Sanidad: «una gran parte de esos dependientes están siendo atendidos en otros servicios». Recuerda que el Sepad financia, mediante la Ley de Dependencia, prestaciones económicas vinculadas al servicio para atender la demanda inmediata de tipo residencial que no puede ser atendida en centros públicos.

La administración regional gestiona directamente, a través del Sepad, un total de 2.593 plazas (para dependientes y autónomos) a las que hay que sumar otras 1.464 plazas de los centros privados y municipales que se encuentran en régimen de subvención o concierto, lo que supone que la administración regional afronta más de 4.000 plazas.

NUEVO DECRETO / Pero sigue habiendo listas de espera. Por eso, la consejería está trabajando en un nuevo decreto de subvenciones para las entidades municipales que permita la construcción de nuevos centros, pero sobre todo busca que se amplíen las plazas residenciales y también en los centros de día mediante reformas, ampliaciones o terminando obras que están pendientes. Sobre todo para dependientes y en los entornos rurales. «El objetivo es transformar plazas de personas con mayor autonomía en plazas destinadas a personas con dependencia», señalan desde el Sepad. Porque esa es una de las políticas en las que trabaja más intensamente, en el envejecimiento activo (cognitivo y físico) para que las personas mayores vivan el mayor tiempo como autónomos mientras se asiste a quienes más lo necesitan, los dependientes.

Desde la Consejería de Sanidad señalan que en la atención a los mayores, la región «ha avanzado mucho, con un gran esfuerzo por incrementar la calidad asistencial con recursos propios, pero sigue habiendo necesidades asistenciales, especialmente en personas con dependencia. Se podrían aminorar esas necesidades si el Estado cumpliera con el porcentaje de inversión que regula la Ley de Dependencia (del 50%) porque en estos momentos la comunidad pone más del 70% y el Estado no llega al 20%».

De momento, mientras prepara este nuevo decreto, el Sepad está realizando un estudio de las necesidades para los próximos años, «pero obviamente esas necesidades se incrementan por el aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población», añade. Y este es uno de los principales retos que afronta la región, la atención a los más mayores, que cada vez serán muchos más.

En ese frente la colaboración entre el sector público y privado es fundamental, ya que este último cuenta con más de 6.000 plazas residenciales en la región, alrededor del 40%. «No tiene sentido que los geriátricos públicos tengan más de 2.500 personas en lista de espera y nuestros centros privados con plazas libres sin ocupar; es fundamental la colaboración público-privada para cubrir las necesidades de nuestros mayores en Exremadura», explica Juan Manuel Morales, presidente de la Asociación Sociosanitaria de Residencias (Asorex). Este colectivo nació en el 2014 para llenar el vacío que existía hasta entonces en el sector residencial extremeño. En la actualidad, los centros asociados suman cerca de 3.000 plazas residenciales y el 90% de las concertadas en la comunidad. Asorex está integrada por el 85% de las residencias privadas superiores a 50 plazas y suman más de 2.000 puestos de trabajo directos.

Para Morales los recursos con los que cuenta en conjunto la comunidad «son suficientes pero están más repartidos. Las camas públicas están totalmente llenas y con listas de espera mientras las camas privadas muchas de ellas están vacías; para qué invertir en centros públicos si los hay privados con camas vacías y con un nivel de calidad sobresaliente», se pregunta. Añade, además, el coste del servicio que presta directamente la administración. «Una plaza púlica supone a las arcas extremeñas un importe superior a los 4.000 euros al mes y las plazas privadas que tenemos concertadas con el Sepad suponen un coste medio de 1.500 euros al mes, algo está fallando», concluye.

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