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Consecuencias en la región de aplicar el fallo del tribunal de justicia europeo

100.000 temporales extremeños cobrarían la indemnización de 20 días por año

1 de cada 3 contratos es eventual: hay 68.400 en la empresa privada y 30.300 en la Administración. Los sindicatos hablan de un «varapalo» al modelo de contratación y apelan a cambiar la legislación

 

Un camarero atiende a los clientes de una terraza de un establecimiento en la plaza de España de Mérida. -

Rocio Cantero Rocio Cantero
22/09/2016

Tres sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han cuestionado en los últimos días el modelo de contratación español y del último de los fallos podrían beneficiarse los casi 100.000 empleados extremeños que trabajan con contratos temporales tanto en la Administración pública como en la empresa privada. Uno de cada tres contratos en la región no son por tiempo indefinido y ahora la justicia europea ha determinado que, independientemente de la duración o la modalidad de contrato, en caso de despido todos los trabajadores tienen que ser tratados con el mismo criterio.

En la práctica, esa decisión rompe la dualidad existente ahora en la legislación laboral española, según la cual un empleado temporal recibe 12 días por año trabajado en caso de despido objetivo, mientras que un trabajador con contrato indefinido percibe 20 días por año trabajado. Lo que falla el tribunal es que todos los trabajadores deben recibir 20 días por año trabajado en caso de despido objetivo, igualando al alza la indemnización.

Más allá de la trascendencia del fallo y de los cambios que pueda derivar en la legislación española, que debe adaptarse para incluir lo que dicta el tribunal de la UE, los sindicatos coinciden en Extremadura en apelar al Gobierno central a la modificación del Estatuto de los Trabajadores para «para evitar judicializar el proceso». En todo caso, el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Sánchez, advierte que harán «todo lo posible» por que se cumpla el fallo y anuncia por ello «un gran número de demandas» en caso de que no se adapte el Estatuto de los Trabajadores a lo que dicta un órgano superior a la legislación española como es el tribunal europeo.

«La sentencia no obliga a modificar el Estatuto de los Trabajadores pero hacerlo evitaría la demanda continua», matiza en la misma línea Teodoro Casares, responsable de Empleo de UGT.

TEMPORALIDAD EN LA REGIÓN/ Extremadura es una de las regiones con mayor proporción de contratos temporales. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada en el mes de julio, en la región hay en total 300.700 asalariados (entre el sector público y privado) y de ellos 202.000 tienen contrato indefinido y 98.700 cuentan con un contrato temporal. Atendiendo a cada uno de los sectores, en el ámbito privado hay 134.000 trabajadores con contrato indefinido y 68.400 con contratos temporales. En cuanto a la Administración pública, en Extremadura hay 97.500 empleados y de ellos 67.100 tienen la consideración de indefinidos y 30.300 tienen un contrato temporal (interinos).

Precisamente los interinos son los que más se benefician de la decisión de la justicia europea porque ellos no tenían hasta ahora derecho a indemnización. Junto a ellos, los contratos por obra y servicio y los contratos eventuales por necesidades de la producción suponen el 90% de empleo temporal en la región.

«La sentencia es un varapalo a la legislación española y viene a cuestionar los desmanes y errores de la reforma laboral que nosotros venimos reivindicando desde hace un año. Lo que dice es que no puede haber una concatenación de contratos y eso es lo que nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo», afirma Casares. En la misma línea, Sánchez señala que la sentencia evidencia el «gran fracaso de la reforma laboral que decía que acabaría con la temporalidad y ha tenido el efecto contrario», recuerda, y niega que el fallo abra la puerta al controvertido contrato único: «no es lo mismo --matiza-- porque lo que equipara es la indemnización, pero no unifica la causa de despido como hace el contrato único».

De hecho, las dos organizaciones recuerdan que una directiva europea consecuencia del acuerdo entre los sindicatos y la patronal en la UE ya equiparó hace 15 años las indemnizaciones, aunque España no la ha cumplido.

Por su parte el presidente regional de CSIF, Benito Román, señaló ayer a la Junta de Extremadura como responsable del proceso de «precarización» que registran los servicios públicos y el ámbito laboral de los funcionarios y advirtió que la temporalidad en el empleo público «ha pasado del 8% al 21 %».

A la Administración «le interesa» la temporalidad por cuestiones económicas y «en vez de apostar por los contratos fijos, está abusando de las contrataciones de trabajo en precario», afirmó, según recoge Efe. Cifró en 1.300 las plazas que faltan en Educación, cerca de 600 en Sanidad y 500 en Servicios Sociales.

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