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NUEVO DECRETO AUTONÓMICO SOBRE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

150.000 edificios de más de 50 años tendrán que someterse a revisiones en Extremadura

Los vecinos deberán buscar un técnico que evalúe el bloque y si no supera la inspección, hacer obras. La medida, de carácter nacional, comenzará a aplicarse en la región a partir de junio del 2018

 

Bloques de edificios situados en el centro de la capital autonómica. - EL PERIÓDICO

Comienza la cuenta atrás. Más de 150.000 comunidades de vecinos de la región tienen que empezar a prepararse para que sus edificios pasen inspecciones técnicas periódicas y acometer obras de mejora si fuera necesario. Los controles se exigirán para todos los bloques que tengan más de 50 años y empezarán a ser obligatorios a partir de junio del año 2018. Se trata de una medida incluida en la ley estatal de suelo y rehabilitación urbana y en estos momentos la Junta, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, elabora la normativa que regulará su aplicación en la región. El borrador del decreto acaba de entrar en fase de exposición pública para recibir alegaciones.

Hasta ahora las comunidades de vecinos solo tenían la obligación de revisar cuestiones como las instalaciones de gas, calefacción y ascensor, pero con la nueva normativa también será de ineludible cumplimiento mantener el edificio en buen estado de conservación: estructura, red de saneamiento, conductos de ventilación o fachadas. Todo se inspeccionará con el llamado Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que también valorará el cumplimiento de la normativa de accesibilidad (instalación de rampas, ascensores, etcétera) o el grado de eficiencia energética.

Para el Colegio Oficial de Administradores de Fincas (CAF) de Extremadura se trata de una medida «fundamental» ya que la IEE se aplicará sobre los edificios más antiguos, susceptibles de «presentar patologías que pueden generar problemas». «Y al final, si no hay una norma que regula y obliga, como ocurre con los vehículos o los ascensores, no se hace nada», señala al respecto el secretario del colegio, Alfonso Pérez Calleja. De acuerdo a la ley estatal, estarán obligados a disponer del IEE todos los edificios con una antigüedad superior a 50 años: los que ya hubieran cumplido ese tiempo antes del 28 de junio del año 2013 tendrán de plazo hasta el 28 de junio del 2018 para realizar el trámite. El resto podrán hacerlo en los cinco años siguientes a la fecha en que cumplan el medio siglo.

Según los cálculos de este diario tomando como referencia el Censo de Población y Viviendas que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), son en 150.008 los edificios que actualmente cumplen los requisitos para someterse a la revisión. No obstante, al margen de la antigüedad, el borrador del decreto que prepara la Junta establece que el IEE puede solicitarse también para acceder a determinadas ayudas públicas para obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética.

TÉCNICOS / El informe de evaluación de edificios tiene que ser emitido por arquitectos, aparejadores o ingenieros competentes en la materia con una periodicidad mínima de 10 años. Según la normativa regional, serán los ayuntamientos los encargados de requerir el trámite a los vecinos propietarios, que después deberán presentar el informe de situación en el consistorio y, en caso necesario, corregir las deficiencias detectadas. A diferencia de lo que ocurre en otras autonomías y ciudades, donde ya se aplican normativas similares, en Extremadura no hay precedentes, pues ninguno de los ayuntamientos extremeños, según Calleja, han optado por regular por su cuenta como ha ocurrido por ejemplo en Madrid. Sí es cierto que la Ley del Suelo de Extremadura recogió en el 2011 una previsión sobre la inspección técnica que deben pasar los edificios, pero nada se había puesto en marcha hasta la normativa estatal.

En estos momentos, en la región el sector está a la espera de que termine de aprobarse el decreto regional para actuar (debe pasar por el Consejo de Gobierno y publicarse en el DOE), de forma que las comunidades de vecinos no han comenzado aún a mover los trámites. Pese a ello, Calleja considera que los plazos que se han establecido son «razonables» y confía en que puedan cumplirse sin contratiempos.

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