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425.464 euros para la intermediación bancaria para las familias en riesgo de ejecución hipotecaria

La empresa pública Gisvesa se encargará del servicio

EFE
12/07/2016

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy encargar a la empresa pública Gisvesa la realización del servicio de intermediación bancaria para las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región, por un importe de 425.464 euros.

Así ha informado en rueda de prensa la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha recordado que la puesta en marcha de este servicio responde a una promesa electoral del PSOE extremeño.

Gil Rosiña ha enmarcado esta medida, más que en una "política antidesahucios", en la de "garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Extremadura".

Mediante este encargo a Gisvesa se pretende facilitar a las personas, familias y/o unidades de convivencia que se vean afectadas por situaciones de riesgo, y que puedan derivar en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, una vía de comunicación e intermediación con la entidad financiera y que puedan contar con la información y asesoramiento oportunos para encontrar una solución consensuada.

Así, según Gil Rosiña, este servicio "ayudará tanto a la renegociación de las deudas con los bancos como a la posibilidad de facilitar la negociación de créditos de acceso a una primera vivienda a aquellas familias que no las tienen".

La portavoz de la Junta ha dicho que este servicio de mediación es una acción complementaria al Observatorio de la Vivienda, aprobado recientemente, ha añadido que el encargo a Gisvesa tiene como función también iniciar los trabajos para poner en marcha una bolsa de viviendas de titularidad privada, destinada a alquileres sociales en Extremadura.

En ese sentido, ha precisado que en esa bolsa estará conformada por las viviendas cuya cesión se negocia con la Sareb, así como por otras propiedad de las entidades financieras y una tercera modalidad, correspondiente a viviendas de particulares.

El encargo incluye, además, el control y la gestión de demandantes de familias que puedan acogerse por distintas circunstancias económicas a toda esta política de vivienda, según Isabel Gil Rosiña.