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datos del viii informe foessa 2013-2018, elaborado por cáritas y su fundación

50.000 extremeños salen de la exclusión social tras los años más duros de la crisis

Vergeles aboga por la colaboración de los ayuntamientos para aumentar la protección. A pesar de la mejora, un 23% de la población todavía sigue en riesgo y 23.000 están peor

 

Salimos de la crisis, pero no de la mano ni todos al mismo tiempo. Cerca de 50.000 extremeños han logrado superar la exclusión social en la que se encontraban tras los años más duros de la recesión, pero todavía un 23% de la población regional (unas 250.000 personas) sufre esta situación. Así lo pone de manifiesto el VIII informe Foessa, un estudio elaborado por Cáritas y su fundación que apunta además que el 53% de los hogares en estas situaciones se concentran en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El estudio abarca el periodo 2013-2018 y se presentó el pasado mes de junio, pero los datos relativos a la región se dieron a conocer ayer en la Asamblea en un acto en el que participaron responsables de Cáritas, diputados autonómicos y nacionales, representantes de la sociedad civil y entidades del Tercer Sector, además del obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles. El objetivo, medir la evolución de la exclusión y el desarrollo social e identificar los principales bloques de «riesgo social» para orientar las políticas públicas hacia un mejor sistema de protección.

Los datos apuntan que los niveles de integración social han mejorado en Extremadura en los últimos tres años, aunque en menor medida que a nivel nacional y lo que es más preocupante: al mismo tiempo que empeoran las condiciones de los que están en una situación más crítica. A ello se suma el hecho de que el grupo que ha soportado en mayor medida los efectos de la crisis ha sido el de la población con menos ingresos, que ha visto mermada su renta en un 6,8% mientras que el 20% de los más ricos la habrían incrementado en un 7,4%.

El informe refleja un notable aumento de la población extremeña en situación de integración plena, que pasa del 30,5% al 41,8%, aunque todavía por debajo de la media nacional, en el 48,8%. No obstante, aún hay un 23,2% de extremeños (248.000 personas) que siguen en riesgo de exclusión social moderada o severa, una tasa casi cinco puntos superior a la que registra el conjunto del país (18,4%) y que solo se ha rebajado un 3,5% desde el 2013. Dentro de este último grupo, 79.000 personas están en una situación de exclusión social severa (el 7,7% de los extremeños, solo un 0,3% menos que en 2013) y otras casi 23.000 personas (un 29% más) están preocupadas ya únicamente por «poder sobrevivir en el día a día» y problemente sin ningún tipo de mecanismo de protección, según explicó Guillermo Fernández, coordinador del estudio.

A su juicio, estas cifras demuestran que la exclusión social «se ha enquistado y la recuperación no ha llegado a todos», pues esas casi 50.000 personas que en este periodo han logrado la integración plena son aquellas que partían de una mejor situación. Por contra, se ha producido «un gran proceso de acumulación de dificultades» en las que estaban en la parte más crítica de la exclusión severa, «donde los mecanismos personales, familiares y de protección social están ausentes».

ÁMBITO RURAL / En este contexto, el informe Foessa señala que el 43,9% de los hogares extremeños en riesgo de exclusión social tiene como sustentador principal a una persona de entre 45 y 64 años, en la mayoría de los casos varón, con estudios básicos, en el paro y de nacionalidad española. Además, son casi siempre pobres, sus ingresos dependen del empleo y a diferencia de lo que ocurre en el resto del país, donde la mayor parte de las situación de exclusión se concentra en las grandes ciudades, en el caso de la región más de la mitad de las familias afectadas (55,3%) vive en pueblos de menos de 5.000 habitantes.

Para hacer frente a esta coyuntura, el consejero de Sanidad y Sevicios Sociales, José María Vergeles, abogó tras la presentación del informe por el diálogo con la sociedad civil y la implicación de los ayuntamientos en este debate, máxime ahora con nuevas leyes como la de renta garantizada, conciertos sociales o contratos responsables encima de la mesa. Del informe el consejero destacó su satisfacción por la valoración que los ciudadanos hacen de los servicios sociales, pero también mostró su preocupación por que «la salida de la crisis no nos está permitiendo ir a todos de la mano», que sería lo ideal «aunque vayamos más lentos».

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