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TODOS LOS GRUPOS APOYAN LA INICAITIVA DEL PSOE

La Asamblea exige la "aprobación inmediata" de la DIA de Aguablanca

Los socialistas tildan de "negligencia" el retraso que acumula el Gobierno central. El PP recuerda que la decisión sobre la explotación "es técnica y no política"

 

La Asamblea de Extremadura exigió ayer al Gobierno central la "aprobación inmediata" de la declaración de impacto ambiental (DIA) de la mina de Aguablanca, lo que permitiría la transmisión de los derechos mineros, ahora en manos de Río Narcea, con el fin de mantener la actividad y los 400 empleos en el yacimiento de níquel de Monesterio. No sin críticas por su marcado carácter electoral, todos los grupos de la oposición se sumaron a la propuesta de pronunciamiento que el Grupo Socialista llevó al pleno para pedir al Gobierno central que se pronuncie ya, toda vez que el plazo administrativo culmina el día 30 y varias empresas han mostrado interés en extraer el mineral bajo tierra.

En la defensa de la propuesta, el diputado socialista Celestino Vegas recordó que la apertura de la mina fue "un soplo de esperanza" para una de las zonas más deprimidas de la región, pues supuso la creación de 400 empleos, "el pan de 400 familias con el que el Gobierno central está jugando". El portavoz del PSOE recordó que fue en julio del 2015 cuando Río Narcea, filial de la canadiense Lunding Mining, solicitó al Ministerio de Industria la modificación de la DIA para continuar la actividad en galería, un trámite que pese a ser menos complejo que una nueva declaración de impacto ambiental, acumula ya un retraso de casi un año.

OBJECIONES Esta demora, recordó, está dificultando la continuidad de la explotación y los puestos de trabajo, pues al apurar los plazos al máximo se está impidiendo que las empresas interesadas presenten alternativas a las posibles objeciones que negaran la DIA. "No se están cumpliendo los compromisos que se adquirieron cuando la ministra y el secretario de Estado dijeron que se iban a agilizar los plazos. ¿A qué están esperando?", se preguntó Vegas, que tildó de "negligencia" la actuación del Gobierno central en este asunto. "Nos quedan siete días y nuestra responsabilidad como grupo parlamentario no es otra que instar y volver a exigir al Gobierno que apruebe inmediatamente la DIA", dijo.

Aunque el resto de grupos finalmente apoyaron la iniciativa, no dejaron de hacer críticas y reproches a lo oportuno de la propuesta socialista, debatida a tres días de las elecciones y en la misma jornada en la que el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, visitó Santa Olalla del Cala, municipio de la provincia de Huelva que también se vería afectado por el cierre de Aguablanca. "¿Traen esta propuesta porque les importan las 400 familias de la mina o es puramente electoral?", le replicó a Vegas el diputado popular Francisco Ramírez, que recordó que en el debate de presupuestos, el PSOE rechazó dos enmiendas de su grupo para impulsar un plan estratégico de la minería y mejorar la seguridad y salud laboral del sector en la región. "La DIA es una decisión técnica, no política. Y algunos alcaldes socialistas lo saben mejor que nadie, que cuando los políticos nos metemos a técnicos caemos en prevaricación", le dijo.

Por su parte, el representante de Podemos, Daniel Hierro, criticó que las reformas laborales aprobadas por el PSOE y el PP permitan que las empresas extranjeras vengan a Extremadura a "rapiñar lo mejor de nuestros recursos naturales" y que cuando les conviene, se van y despiden a los trabajadores. A su vez, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, indicó que la DIA de Aguablanca es "un claro ejemplo" de la necesidad urgente de reformar la administración para que sea más ágil, eficaz y transparente en los procesos. "No se está pidiendo que se de el sí, sino que se resuelva un trámite administrativo", recordó la portavoz de la formación.