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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Balance del estado de alarma en Extremadura: 126 detenidos y 32.250 infracciones

 

Dos agentes de la policía local de Cáceres, durante un control, en una imagen de archivo. - EL PERIÓDICO

EFE
05/06/2020

Un total de 86 personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial por la Guardia Civil y la Policía Nacional en Extremadura desde el inicio del estado de alarma por incumplir los preceptos y medidas recogidas ante esta situación.

A este número se suma la actividad de las policías locales, cuyos agentes, en el conjunto de sus respectivos municipios, han detenido a 40 personas.

Estos datos han sido expuestos este viernes durante una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias de Protección Civil, que coincide, con la finalización de la segunda semana de la Fase 2, y en la que ha participado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han realizado un balance de su gestión desde que dio comienzo el Estado de Alarma y, además, se ha abordado la vuelta a España del contingente de la Brigada Extremadura XI desplegado en Iraq.

Además, Policía Nacional y Guardia Civil notificaron 19.064 propuestas de sanción en la región por acciones y comportamientos no contemplados en las diferentes fases del estado de alarma.

En este ámbito, las policías locales elevaron 7.189 actas de propuestas de sanción.

En concreto, la actividad operativa de la Guardia Civil se ha saldado con un balance de 59.756 controles en vías de comunicación en colaboración con la Agrupación de Tráfico y otras zonas, que han llevado a cabo controles humanitarios y de verificación. En total 292.677 personas y 266.163 vehículos han sido identificados.

Asimismo, en este período la Guardia Civil ha notificado 12.269 propuestas de sanción y 40 personas han sido puestas a disposición judicial. Con el paso de los días y avance de fases, las denuncias han caído un 30 por ciento, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

En el ámbito de la demarcación de la Guardia Civil, cabe destacar también los controles realizados por las policías locales, que han sido 1.796 en la provincia de Cáceres y 4.501 en la de Badajoz.

Estos controles han arrojado un balance de 12.123 personas y 10.291 vehículos identificados en la provincia cacereña y 38.037 y 28.747 respectivamente en la de Badajoz.

En lo que a infracciones denunciadas se refiere, fueron 830 en la provincia de Cáceres y 1.743 en la de Badajoz, con 3 y 11 personas detenidas respectivamente.

Por parte de la Policía Nacional, las actas de propuestas de sanción fueron 6.795, con 46 detenidos en toda la región, 5.187 y 36 detenciones en la provincia de Badajoz y 1.608 y 10 detenciones en la de Cáceres.

Asimismo, 3.117 vehículos fueron rechazados en la frontera con Portugal. En cuanto a la Policía Local, de las localidades de ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, las actas ascendieron a 5.496 con 26 detenciones, 4.094 y 14 respectivamente, en la provincia de Badajoz y 1.552 y 12 en la de Cáceres.

Las propuestas de sanción y detenciones están relacionadas todas con incumplimientos de los preceptos contemplados en el Real Decreto de Estado de Alarma y medidas que se han ido publicando en el marco del mismo en las sucesivas fases de desescalada.

Por otro lado, el Centro de Coordinación informó sobre el repliegue, en el día de ayer, de la tercera y última rotación de la Brigada Extremadura XI desplegado en Irak, a cuya vuelta todos sus efectivos guardarán la cuarentena reglamentaria tras ser sometidos a los correspondientes controles del COVID en dicho país.

Una vez en España serán los servicios sanitarios del Ejecutivo extremeño en coordinación con el servicio médico militar, quienes lleven a cabo el control de los mismos.

En materia de protección civil, la delegada recordó asimismo que esta semana se han distribuido 67.500 mascarillas a Caritas, Cruz Roja y Cermi, para su reparto entre los colectivos más vulnerables. Se trata de un segundo reparto del Gobierno de España a todas las comunidades para proteger a los colectivos del tercer sector.