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varias comunidades autónomas están afectadas por la supuesta venta de carne en mal estado

El caso de los jamones caducados llevó a destruir unos 275.000 kilos de productos

La trama arrancó en mayo del pasado año en una empresa cárnica de Malpartida de Plasencia . La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía

REDACCIÓN region@extremadura.elperiodico.com MÉRIDA
23/06/2018

 

La supuesta trama de venta de jamones caducados que afecta a varias comunidades autónomas llevó al decomiso y a la destrucción de más de 275.000 kilos de productos cárnicos en mal estado hallados en Extremadura. El caso arrancó en mayo del pasado año en una empresa del municipio de Malpartida de Plasencia y la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales lo puso conocimiento de la Fiscalía. Según informó ayer la Fiscalía de Badajoz, en esa fecha el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y veterinarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) acudieron a la empresa junto a un letrado de la Administración de Justicia, en una actuación autorizada por el Juzgado.

Tras el examen se acordó el decomiso y destrucción de 49.471 kilogramos de productos cárnicos, 31 jamones y dos paletas de cerdo al presentar «putrefacción» y pérdida de las características organolépticas exigidas para su comercialización. Además, se acordó el decomiso y destrucción de otros 48.519 kilogramos de productos cárnicos por presentar caducidad y pérdida de las características organolépticas y falta de trazabilidad exigidas para su comercialización. Por otra parte, se inmovilizaron 21.927 kilogramos de productos cárnicos hasta que la empresa acreditase la trazabilidad comercial de los alimentos, en los que, en muchos casos, faltaba el correspondiente etiquetado. Junto a ello, se acreditó la trazabilidad de 12.887 kilos por lo que se acordó su posterior liberación al mercado, según recoge Efe.

Durante las inspecciones, se comprobó que los productos provenían de diversas empresas relacionadas con esta compañía, con sedes en Oliva de la Frontera e Higuera la Real, localidades de la provincia de Badajoz. Ello motivó la intervención del Seprona y de los veterinarios del SES en estas dos empresas, en agosto de 2017. En ella se inmovilizaron 177.000 kilogramos de productos para su destrucción y se permitió la salida de otros 75.000, aptos para el consumo. Cabe destacar que la investigación judicial está en estos momentos en el Juzgado de Fregenal de la Sierra, por lo que ya ha trascendido al ámbito de la autoridad sanitaria.

«Es preciso e importante significar que las actuaciones se centran en estas específicas y concretas partidas, sin que conste en este momento ninguna intervención más, ni la existencia de ningún género cárnico en mal estado que proceda o esté ubicado en las referidas zonas de Malpartida de Plasencia, Oliva de la Frontera o Higuera la Real», aclara la Fiscalía. Las actuaciones continúan en fase de instrucción hasta su completa finalización, que por el momento «no es cercana ante la práctica de diversas diligencias».

GESTIÓN DE LA JUNTA // El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, informó ayer sobre los pormenores de este caso a preguntas de los medios. Según Vergeles, en mayo de 2017 los servicios veterinarios de inspección visitaron la empresa de Malpartida de Plasencia y localizaron carnes, jamones y embutidos de procedencia que no permitía ser identificada y que por lo tanto incumplía las normas de etiquetado. La Dirección de Salud inmovilizó entonces la mercancía y solicitó, inicialmente, su devolución a las empresas de origen para que subsanaran los fallos en el etiquetado, en algunos casos a empresas de otras comunidades autónomas, ya que la supuesta trama «trasciende al ámbito de Extremadura».

Tras detectarse «incongruencias en la documentación de trazabilidad», la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales relacionó este problema con otras empresas ubicadas en las localidades pacenses de Higuera la Real, Oliva de la Frontera y Zafra. Esto llevó a que, según el consejero, el 28 de agosto de 2017, junto a la Guardia Civil, se cerrase una empresa en Higuera la Real, mientras que el 29 de septiembre, dada la posible existencia de al menos un delito contra la salud pública, se pusieran las actuaciones en conocimiento de la Fiscalía. El consejero insitió en que esta trama afecta a varias comunidades autónomas, con el cierre de otra empresa en el municipio valenciano de Alzira.

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