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MANIFESTACIONES EN DIVERSAS CIUDADES EXTREMEÑAS

Claman en Cáceres, Badajoz y Plasencia "por la libertad de enseñanza" y contra Ley Celaá

 

La protesta en Badajoz. - Andrés Rodríguez

La manifestación en Plasencia. - TONI GUDIEL

EFE
22/11/2020

Cientos de vehículos, ocupados por miembros de la comunidad educativa -padres, alumnos y docentes-, han protagonizado sendas manifestaciones en Cáceres, Badajoz y Plasencia contra la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, que consideran reduce el modelo de la enseñanza concertada y atenta contra la pluralidad educativa.

El "riesgo" que supone dicha reforma para la supervivencia de los centros de educación especial y el hecho de que relega la Religión a "asignatura de segunda", son otros de los motivos que han llevado a este protesta, secundada en Badajoz por 600 vehículos, en Cáceres por 500 y en Plasencia por 250, según datos de Delegación del Gobierno.

Las marchas estaban convocadas por la Plataforma 'Más Plurales - Extremadura', compuesta por la confederación de asociaciones de padres Concapa, los sindicatos USO y FSIE, y las organizaciones patronales Escuelas Católicas y CECE; que sitúa la participación en 3.000, 600 y 350 vehículos en cada ciudad, respectivamente.

Con globos y lazos naranjas a favor de la enseñanza concertada -que cuenta en Extremadura con 77 centros, unos 3.000 puestos de trabajo y 33.000 alumnos-, los vehículos procedentes de distintos puntos de la región han marchado, con el sonido de los claxon, desde el recinto ferial hasta Vegas del Mocho, en la capital cacereña; y desde las instalaciones exteriores de La Granadilla, en la capital pacense.

En ambas movilizaciones se ha leído un manifiesto y se han podido ver a representantes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Con "alevosía", "sin consenso" y "precipitada", así define Enrique Silveira, representante de la plataforma "Más Plurales", la que supondría la aprobación de la octava Ley de Educación en España, que conlleva "un ataque brutal" a la enseñanza concertada y llevaría a "la extinción del sector en pocos años, entre cinco y diez años".

"Pertenezco al sector desde hace más de 32 años y estoy aterrado, nuestros derechos se están conculcando de forma extraordinaria, de manera muy sibilina pero contundente se nos falta al respeto y pretenden que salgamos de la red pública de enseñanza", ha relatado Silveira, para quien todo esto es "muy injusto".

Entre sus discrepancias está la ausencia del término "demanda social" que permite "suprimir aulas de la concertada aun teniendo matriculación suficiente"; la "exclusión" de la concertada en la gratuidad del primer ciclo de infantil de 0 a 3 años; y "la prohibición de ceder terreno público para la creación de centros concertados".

Para la presidenta de la AMPA del colegio Sagrado Corazón, Teresa Galaperos, "lo peor" es la "supresión" de la libertad de elección de centro por parte de las familias, pues "aunque haya demanda social y queramos ir a un centro determinado, no nos van a dejar porque nos van a derivar a un sistema público obligatorio".

"Defendemos el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Los hijos seguirán siendo de los padres, los que los han traído a este mundo, los que los han educado y criado, y debe seguir siendo así. Es bueno que tengamos varias opciones", ha expuesto Belén, madre de tres hijos.

Charo, profesora del colegio Nuestra Señora de los Remedios en Valencia de Alcántara, desde donde han llegado 18 coches, ha recalcado que están "a favor de la libertad, la tolerancia, el respeto y la pluralidad, y eso la ley Celaá no lo defiende".

En Badajoz, uno de los padres de alumnos asistentes José Antonio Rosa ha lamentado que la nueva ley pretenda "eliminar" la pluralidad y la libertad de los progenitores de elegir la educación para sus hijos según sus convicciones.

El docente de un centro concertado Francisco Colón, que ha asistido a la manifestación, considera que el hecho de que sea la octava ley educativa "ya solo con eso como país es un desastre absoluto" y ha añadido que en este caso "se trata de una vuelta de tuerca más hacia la extinción" de la concertada.

En la protesta de Badajoz ha participado el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, cuyo partido prepara a nivel nacional un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, que derogará cuando llegue al Gobierno de España.

El líder regional ha destacado que el PP trabajará para desactivar e ir "al rescate" de la libertad educativa en las comunidades donde gobierna y que el Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura presentará una iniciativa en la que se pide al PSOE que vuelva "al pacto constitucional en materia educativa" y permita a los padres que "puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos".

Por su parte, el coordinador provincial de Cs, Ignacio Gragera, ha lamentado que la normativa nazca "en una absoluta discrepancia, tanto en el fondo como en lo relativo a su tramitación", frente a "las muchas voces autorizadas que advierten de que no se trata de la ley que el país necesita".

También ha participado en la protesta el vicepresidente provincial de Vox, Ángel Pelayo, para quien el Gobierno central "pretende dar un nuevo paso hacia adelante en el dominio de las mentes de los más pequeños" gracias a la merma de la educación.