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Mañana en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura

Concentración en Badajoz reclamando la declaración ambiental de la mina de Monesterio

 

Imagen de archivo de una protesta de los trabajadores de la mina Aguablanca. -

EUROPA PRESS
07/06/2016

El comité de empresa de la mina Aguablanca y responsables de los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura se concentrarán este miércoles, día 8, frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, para exigir a los ministerios de Industria y Agricultura que terminen ya los trámites para resolver "de una vez" la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) relativa a la ampliación al subsuelo de la explotación minera.

En esta concentración, acompañando a la plantilla, acudirán los secretarios generales de CCOO y UGT en Extremadura, Julián Carretero y Patrocinio Sánchez, respectivamente, y los responsables de las federaciones de industria de ambos sindicatos, Saturnino Lagar y Leocadio Núñez.

Según ha insistido ambos sindicatos, la aprobación de esta declaración es "esencial" para conseguir que fructifique el interés de una de las empresas que se han puesto en contacto con la firma propietaria actual para mantener la actividad de la mina y conservar así los puestos de trabajo.

Así, la Federación de Industria de CCOO y la FITAG-UGT han indicado que no entienden el "enorme retraso" que el expediente de la DIA acumula para su resolución definitiva, "más aún, cuando se emitieron "compromisos públicos por parte de los responsables del ministerio de que iban a agilizar el proceso".

"Se ha cumplido prácticamente un año desde que se paralizó la producción por parte del anterior propietario de la mina debido precisamente a la necesidad de ampliar la explotación", han asegurado los sindicatos.

La solicitud de la declaración de impacto ambiental se presentó concretamente el 28 de junio de 2015 y, en teoría, en el "peor de los supuestos", tendría que haber sido resuelta en un "plazo máximo de seis meses", aunque han pasado ya once.

Por ello, tanto CCOO como UGT han considerado "inexplicable" la "irresponsabilidad" de los responsables del Gobierno central, que "parece que no son conscientes del daño que están produciendo con esta demora que no tiene ninguna justificación".