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Desde 2010

CSIF denuncia que la Administración extremeña ha perdido 9.520 trabajadores

 

15/01/2016

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado hoy que la administración
pública extremeña ha perdido 9.520 trabajadores desde 2010, un cifra que se eleva a 155.841 en el conjunto del país, lo que representa una media de 78 empleados al día.

En rueda de prensa, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha anunciado que va a iniciar reuniones con los distintos grupos parlamentarios para que incluyan en sus negociaciones la necesidad de un pacto de Estado para las Administraciones Públicas, que incluya un plan urgente de recursos humanos.

Borra no ha querido cuantificar la carencia real de personal que tiene el sector público y ha considerado necesario evaluar las necesidades de las plantillas para convocar una oferta pública de empleo acorde a la situación, al mismo tiempo que ha reclamado la devolución de los derechos laborales perdidos en los últimos años.

Según los datos de CSIF (correspondientes al registro central de personal) a la destrucción de empleo que ha vivido España de los últimos seis años, equivalente a la población de las ciudades de Logroño, Badajoz o Salamanca, se suma la alta temporalidad que alcanza al 22 % de la plantilla (con 658.000 trabajadores
eventuales).

Por categorías de personal, destaca el descenso de las plantillas que han experimentado desde 2010 la educación (22.366 menos), la sanidad (9.355), las fuerzas armadas (12.257) o el sector de Correos (11.385), que ha supuesto que se hayan perdido 11 profesores, 5 sanitarios, 6 militares o 6 carteros al día.
Asimismo, Borra ha destacado que se haya mermado en 3.224 el número de efectivos de la Seguridad Social o en 1.351 los de la Agencia Tributaria, un organismo para el que pidió "un estatuto concreto y particular que permita hacer frente con garantías a la lucha contra el fraude".

En el caso de la justicia, aunque los datos aportan un incremento de la plantilla en 5.000 efectivos, lo cierto es que desde 2010 no se han creado nuevos órganos judiciales, por lo que los nuevos puestos responden a la conversión de plazas ocupadas por interinos a ocupadas por personal titular.

Por administraciones, la mayor parte de las plazas destruidas responden a ayuntamientos (81.228), seguidos de las comunidades autónomas (63.673) y del Estado (60.235).

En el caso de la Administración General del Estado, Borra ha destacado el "creciente envejecimiento de la plantilla" y ha indicado que, si en 2010 el 44 % tenía más de 50 años, esta tasa se  ha incrementado en seis años al 60 %, del decir, que en menos de 15 años se jubilarán 119.518 personas.

La no reposición de las plazas del personal que se jubila, unido a la alta temporalidad, "forma parte de un plan premeditado de reducción del empleo por parte de nuestros representantes políticos", han asegurado en CSIF, al tiempo que han recordado que España estaba en la media de funcionarios por habitante de la UE en 2010, y ahora está por debajo.

Medido en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que incluye al personal del sector público en un sentido más amplio, con empresas públicas de las regiones, la destrucción de empleo alcanzó a
320.200 trabajadores desde el último trimestre de 2011.

La mayor parte de esta sangría se produjo en las comunidades autónomas (189.400), seguidas de los ayuntamientos (62.500), Administración Central y Seguridad Social (43.700 y 9.500) y empresas públicas (11.700).