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vergeles asegura que para el ejecutivo también es una prioridad

Los dentistas reclaman a la Junta una normativa sobre la publicidad sanitaria

El colegio afirma que hay un borrador en el cajón desde hace años

 

Una dentista revisa a una paciente en una clínica dental. - EL PERIÓDICO

REDACCIÓN MÉRIDA
12/01/2020

El Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura reclama a la Junta la aprobación de una normativa que regule la publicidad sanitaria como herramienta para atajar, fundamentalmente, el problema de la publicidad engañosa. Una norma que según el Ejecutivo regional, está en fase de estudio jurídico. La presidenta del Colegio Oficial de Dentistas de Extremadura, María Paz Moro, ha recordado que desde hace años hay un borrador que «de momento sigue en agua de borrajas», informa Efe.

Desde el colegio de dentistas se hicieron numerosas aportaciones de las que se admitieron «el cien por ciento», pero el tema continúa «en el silencio y en el olvido, esperando su turno». Aunque Extremadura no se vio afectada por problemas de publicidad engañosa como ocurrió con Idental, sí que existen «muchas empresas y franquicias absorbidas por fondos de inversión de alto riesgo y la política que siguen es de publicidad brutal y muy agresiva, que no para en barras», afirma Moro.

Por ello, cree que se necesita una ley que ya existe en otras regiones, además de que el Consejo General de Dentistas ya ha presentado una iniciativa para que haya una Ley de Publicidad Sanitaria Nacional «correcta y adaptada a la realidad actual».

En respuesta a estas declaraciones, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha precisado que lo que el Ejecutivo regional tiene en estudio jurídico no es una ley, porque no podría serlo, sino un decreto. Asegura que para la Junta esta cuestión es una prioridad, y así se tramitará. Según ha explicado, el decreto invade competencias nacionales y sería más fácil si hubiese una ley nacional de publicidad sanitaria. Por ello, se están «limando asperezas» para que el Estado no plantee, como en otros casos, una cuestión de inconstitucionalidad por invasión de competencias, ya que «sería lo menos deseable del mundo».