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aplicación de la ‘ley mordaza’ en la comunidad autónoma

Las denuncias por falta de respeto a la policía superaron el millar en 2017

Estas infracciones, casi tres al día de media, se duplicaron respecto a las registradas en el 2016. En los primeros dos años y medio de vigencia de la norma ha habido 1.872 expedientes por este motivo

REDACCIÓN region@extremadura.elperiodico.com REDACCIÓN
08/04/2018

 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad formularon en Extremadura el año pasado 1.044 denuncias, cerca de tres al día, por infracciones del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Se trata de uno de los artículos más controvertidos de esta normativa, en el que se consideran como infracciones leves «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» siempre que se encuentre en el «ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad» y las citadas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Suponen una multa económica que va de los cien a los seiscientos euros.

La normativa establece en otro de sus artículos, además, que las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad constituyen base suficiente «para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario».

De acuerdo a la información facilitada por la Delegación del Gobierno en Extremadura, del total de expedientes iniciados, 334 acabaron el año pasado en sanción, con un importe económico conjunto de 62.251 euros, lo que supone una media de 186,4 euros.

Desde la entrada en vigor de la ley, en julio del 2015, la cifra de denuncias tramitadas por este motivo en la comunidad autónoma es de 1.872. De ellas 319 se impusieron en el segundo semestre del 2015, mientras que en el 2016 fueron 509, la mitad que el año pasado.

A nivel nacional, con información hasta agosto del 2017 —incluidos en una respuesta por escrito del Gobierno al senador de Bildu Jon Iñarritu—, las denuncias impuestas por desprecios a agentes de la Guardia Civil o de los diferentes cuerpos policiales fueron 46.168, 14.836 de ellas entre enero y agosto del pasado año. Y eso a pesar de que en la estadística apenas si aparecen datos de Cataluña o del País Vasco, con competencias propias en esta materia.

Un ejemplo de aplicación de este precepto de la ley de seguridad ciudadana lo vivió el pasado mes de octubre Alfredo Izquierdo, vecino de Talayuela, por un comentario expresado en Facebook. «Velando por las hostias como panes totalmente desproporcionadas de descerebrados puestos hasta arriba de cocaína, ouyeah!», fue el texto que escribió en esta red social en relación a las cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre, día del referéndum ilegal en Cataluña, y que le valió recibir una denuncia de la policía local de su localidad, que lo consideró una falta de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Otro de los artículos que ha levantado más polémica de la ley es el que contempla entre las sanciones graves (penadas con entre 601 y 30.000 euros) la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. También la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, cuando no sean constitutivas de delito. En este caso, las denuncias interpuestas en Extremadura en el 2017 fueron 517 y los expedientes concluidos en sanción 517, con un montante total de 358.521 euros (693,4 euros en promedio).

DEROGACIÓN ralentizada / El 26 de marzo de 2015 el Congreso —con mayoría absoluta del PP— dio luz verde a la aprobación de la ley de seguridad ciudadana con el rechazo unánime de la oposición y pocos meses después la mayoría de los grupos la recurrieron al Tribunal Constitucional. En septiembre del 2017, el pleno del Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para acabar con la vigencia de esta norma.

Una iniciativa, del PSOE, que propone eliminar toda la ley y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como ‘ley Corcuera’ por el entonces ministro del Interior socialista o ‘ley de la patada en la puerta’ por el punto que acabó recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La otra es una propuesta del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992 y que hasta el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró dispuesto a aceptar como punto de partida.

La Comisión de Interior del Congreso encargó un informe a los letrados para ver cómo tramitaba las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, dado que las iniciativas no son exactamente iguales, aunque hayan coincidido en el tiempo.

Elaborado el mes pasado, el informe de los servicios jurídicos, al que tuvo acceso Europa Press, confirmaba que la tramitación no iba a ser tan sencilla como se pensaba y recomendaba la «acumulación o tramitación conjunta» de las dos iniciativas con el objetivo de alumbrar «un texto resultante» que unifique los del PSOE y del PNV, lo que ralentizaba el proceso de derogación. Una derogación que alrededor de 40.000 personas pidieron en las calles de Madrid hace apenas unas semanas.

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