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Detenidos 5 directivos de UPA Extremadura por presunto blanqueo y fraude en las subvenciones

Entre ellos están Huertas, José Cruz y Miguel Leal. Se han hecho registros en Coria, Mérida, Plasencia y Talayuela. La organización agraria tilda la operación de «indignante y desproporcionada» y espera que «todo quede en nada»

 

Ignacio Huertas, a su llegada a la sede de Mérida, escoltado por la Guardia Civil. - EFE

Parte de la documentación que se llevaron los agentes de la Guardia Civil. - EFE

Sorpresa e indignación» en UPA-UCE Extremadura. La Guardia Civil detuvo ayer a cinco directivos de la organización agraria por presuntos delitos de fraude en subvenciones, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y falsificación de documentos. Se trata de Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE en Extremadura; María Antonia Alcalá, vicesecretaria general; Maximiano Halcón, secretario de Organización y Administración; José Cruz, secretario de Acción Sindical y Agricultura, y Miguel Leal, exsecretario de Organización e histórico dirigente de la formación agraria.

Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de una operación desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que practicó registros en las sedes de Mérida, Plasencia, Coria y Talayuela. El juez ha decretado el secreto de sumario sobre el caso, pero según confirmó el secretario general de UPA-UCE a nivel nacional, el extremeño Lorenzo Ramos, en los registros los agentes se llevaron documentos y «vaciaron» los ordenadores.

Ramos confirmó seis detenidos: los cinco directivos ya citados y «un extrabajador que llevaba temas económicos pero que hace mucho tiempo que no tiene contacto con la organización». Más tarde, la Delegación del Gobierno elevó la cifra a siete, si bien al cierre de esta edición la operación aún continuaba abierta. Todos iban a ser trasladados al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Mérida, donde previsiblemente hoy pasarán a disposición judicial.

La Delegación del Gobierno no confirmó las causas de los arrestos ni los registros, pero según fuentes de la investigación citadas por Efe, los detenidos están acusados de supuesta pertenencia a organización criminal, presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en subvenciones y blanqueo de capitales, y falsificación de documentos.

La operación cogió por sorpresa a la propia UPA-UCE, que criticó «el trato policial» recibido y puso en duda «las graves acusaciones», aunque también aseguró desconocer «de forma fidedigna» de qué se le acusa.

DESPLIEGUE EXCESIVO / En una nota emitida ayer por la tarde, la organización tildó de «indignante y desproporcionada» la actuación policial. Lamentó el «maltrato» al que estuvieron sometidos los trabajadores, que no pudieron abandonar las sedes hasta que finalizaron los registros, y cuestionó que las detenciones se produjeran en los domicilios de los arrestados, «en presencia de sus familiares e incluso sus hijos». También criticó que les mantuvieran «esposados durante horas» mientras realizaban los registros, máxime cuando su colaboración con la justicia «es total». Además, UPA pidió al juez que liberase a los detenidos, pues a su juicio «no tiene ningún sentido que hagan pasar la noche en el calabozo a personas con una reputación intachable a lo largo de años de trabajo».

Así, la organización confió en que «todo quede en nada» y finalmente la causa se archive, pero señaló que «de momento, el daño a la imagen está siendo muy importante». «Actuaremos en consecuencia para que el buen nombre de la organización, que trabaja desde hace más de 30 años ayudando y representando a agricultores y ganaderos de toda España, quede limpio de todo daño», afirmó.

La operación comenzó alrededor de las nueve de la mañana y minutos después ya se produjeron las primeras detenciones. Pasadas las once y media Ignacio Huertas llegaba en su coche a la sede de Mérida, situada en el polígono Cepansa, donde UPA-UCE comparte oficinas con el resto de organizaciones agrarias y a solo unos metros de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Más de 20 guardias participaron en el dispositivo de vigilancia y los accesos a la sede se mantuvieron acordonados durante toda la jornada.

A su llegada, Huertas fue recibido por los agentes de la Guardia Civil, que le acompañaron al interior de las oficinas. Antes de entrar, aseguró que no tenía constancia del motivo de los registros ni las detenciones y se mostró «preocupado» por los efectos que estos hechos pudieran tener sobre la organización.

Ya detenido, Huertas permaneció con los agentes durante el registro en la sede emeritense, que se prolongó al menos durante 12 horas. Los secretarios de Organización, Maximiano Halcón, y de Acción Sindical y Agricultura, José Cruz, también fueron arrestados en Mérida, mientras que la vicesecretaria general, María Antonia Alcalá, fue detenida en Plasencia. Horas después fue trasladada a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres para prestar declaración. Según Lorenzo Ramos, la defensa de los detenidos correrá a cargo del gabinete jurídico de UPA.