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REUNIÓN EN PONTEVEDRA

Las diputaciones presentan a la Femp su proyecto de la Raya

Piden que se pueda reinvertir el superávit de estas instituciones

EFE
14/02/2018

 

Las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres presentaron ayer a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) un proyecto para la nueva convocatoria europea de Cooperación Transfronteriza Inrterreg V-A, que contempla una acción común a lo largo de toda la Raya transfronteriza con Portugal y que implica a seis provincias españolas.

Ha sido en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la Femp, que se reunió en Pontevedra y a la que asistió la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, y su homólogo pacense, Miguel Ángel Gallardo.

Además de las diputaciones extremeñas, este proyecto contará con la implicación de los gobiernos provinciales de Pontevedra, Zamora, Salamanca y Huelva.

En la reunión se acordó «insistir» al Gobierno central sobre la «necesidad» de reinvertir el superávit que tienen las instituciones provinciales y los ayuntamientos, que, una vez que se concluyan las liquidaciones en marcha, podría rondar los 5.000 millones de euros.

A juicio de Rosario Cordero, carece de sentido tener ese dinero en los bancos, ya que puede «generar actividad económica y atender a las necesidades de la gente y de nuestros pueblos».

BRUSELAS / Asimismo, esta comisión acordó realizar un viaje a Bruselas el próximo mes de abril para presentar a Europa alegaciones y solicitar que las diputaciones puedan participar en los Fondos de Cohesión, cuyo presupuesto se está diseñando ahora de cara al año 2020, y así destinar «parte de ellos a la lucha contra el despoblamiento», uno de los grandes problemas de Extremadura.

En este sentido, Cordero mostró su malestar por no poder acceder las diputaciones, como sí se podía antes, a unos fondos tan importantes para el desarrollo como son los fondos FEDER, algo que se tratará también en este viaje.

Finalmente, los presidentes provinciales se mostraron dispuestos a asumir «el importante papel de asesoramiento» a los municipios con la nueva Ley de Contratos del Sector público, que se empezará a aplicar el 9 de marzo.

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