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LA RESOLUCIÓN FINAL DEL tsjeX SOBRE EL DERRIBO DEL COMPLEJO LLEGARÁ «EN FECHAS PRÓXIMAS»

Los ecologistas esperan la restauración ecológica del resort Isla de Valdecañas

«La población extremeña no merece más dilaciones en la aplicación de la ley». Confían en que se exijan también responsabilidades políticas y jurídicas

REDACCIÓN / EFE region@extremadura.elperiodico.com CÁCERES / MÉRIDA
21/02/2020

 

Adenex y Ecologistas en Acción esperan «en próxima fechas» la resolución que decrete el desmantelamiento de la urbanización Isla de Valdecañas y la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas a los políticos que la promovieron «a sabiendas de su ilegalidad». «La sociedad extremeña no se merece más dilaciones en la aplicación de la ley», aseguraron ayer tras conocerse las tres últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que, ante los recursos interpuestos por ambas organizaciones ecologistas, confirman la nulidad de las autorizaciones administrativas dictadas tras la modificación de la Ley del Suelo.

El TSJEx ha anulado «por no ajustarse a derecho» las homologaciones definitivas dadas en 2011 tanto al Proyecto de Interés (PIR) del complejo Isla de Valdecañas como al Plan General de El Gordo, con las que, aseguran los ecologistas, «trataban de dar cobertura a un proyecto de urbanización» construido «de forma ilegal en un terreno de especial protección, incluido en la Red Natura 2000». Según estos colectivos, las tres sentencias «repiten los fundamentos» de las dos sentencias anteriores del tribunal sobre «el carácter no urbanizable de la Red Natura 2000, así como de cualquier espacio que albergue valores ambientales dignos de protección, aunque no estén amparados por una figura concreta».

Al mismo tiempo, la estricta normativa de protección de la Red Natura 2000 en la legislación nacional, comunitaria y autonómica, obliga no solo a proteger estos espacios, sino a mejorarlos y ampliarlos. El tribunal recuerda que urbanizar estos espacios es «lo mismo que reducirlos o excluirlos de la red», lo cual «se ha de hacer mediante el procedimiento específico que dicha normativa contempla, que la Junta no ha seguido», explican. Las tres sentencias, añadieron, no aportan argumentos nuevos que no estuvieran ya en sus sentencias de 9 de marzo del 2011, o en las del Supremo de 29 de enero de 2014, e incluso la reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de noviembre de 2019, todas referidas al complejo urbanístico de Valdecañas. También es relevante, a su juicio, que «rechaza la sugerencia de la Junta de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, toda vez que la normativa europea es plenamente concordante con la nacional y no ofrece dudas sobre su aplicación».

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