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El caso Isla de Valdecañas

Los ecologistas no dan por cerrado el conflicto: «No aceptamos el auto»

Recurrirán al TSJEx y volverán al Supremo porque «la inejecución no está justificada». La indemnización que recibirán, dicen, no es proporcionada: «Se van de rositas»

 

Una de las zonas privadas con villas dentro del complejo. - FRANCIS VILLEGAS

Guadalupe Moral
02/07/2020

Incongruencias, contradicciones y un informe pericial que investigadores del CSIC han desarrollado durante más de dos años y que no se ha tenido en cuenta. Esto es grosso modo lo que las organizaciones ecologistas han encontrado en la primera lectura sosegada del auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TJEx) con el que se quiere poner fin a casi trece años de conflicto judicial sobre la construcción del complejo Marina Isla de Valdecañas, en los términos de El Gordo y Berrocalejo.

La abogada de Adenex, Mª Ángeles López, reconoce que están «digiriendo» las 67 páginas de la resolución judicial pero la decisión de recurrir ya está tomada: presentarán un recurso de reposición ante el mismo tribunal que firma el auto fundamentado en que «no está justificada» la imposibilidad material de llevar a cabo la ejecución de la sentencia de derribo.

Suponen que el TSJEx desestimará la reposición, pero luego podrán acudir al Supremo en casación, cuyo recurso podría tardar hasta dos años en resolverse si lo admitiera. «Tenemos que intentarlo. Creemos que tenemos posibilidades porque al margen de la situación actual de crisis, que entendemos que puede haber influido en la decisión, no puede generarse una jurisprudencia así que permita que las sentencias no se ejecuten en materia urbanística. Hemos de intentar que la legalidad se cumpla, sino es un retroceso social». También, apunta, cabría la posibilidad de llegar al Constitucional e incluso al Tribunal de Derechos Humanos «porque se nos deniega el acceso a la justicia que de ella forma parte la ejecución de la sentencia».

A su juicio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo intenta buscar una justificación para no demoler el complejo y ofrece compensaciones como no seguir construyendo, «algo que no se puede desde la nulidad del PIR», o demoler las edificaciones que están a medio construir, «que ya por ley tienen que ser demolidas porque causan un daño ambiental, no porque lo diga el auto». López señala también que la decisión se toma en base a una interpretación del informe pericial fijándose solo en las debilidades o en los aspectos que no se han podido ofrecer con certezas por la falta de documentación previa. «Se ampara en las dudas para decir que no existen daños medioambientales por la construcción del complejo. Y si no hay afectación ambiental como dice el auto, ¿por qué se ordena poner medidas correctoras? Está lleno de incongruencias». Y destaca una contradicción: «en autos anteriores dice que no se va a tener en cuenta la afección económica y sin embargo eso es lo que ha motivado ahora la no ejecución».

Sobre la indeminización que la Junta debe abonar a las dos organizaciones, 250.000 euros a cada una de los cuales la mitad debe ir destinado a programas medioambientales en la comunidad, apunta que «nunca hemos buscado el dinero, pero se van de rositas. La otra parte se queda con un patrimonio valorado en 111 millones de euros y a cambio la compensación para mantener ese patrimonio son 250.000 euros en total. No hay proporción ni equilibrio».

Por todo ello, los ecologistas no dan el caso todavía por cerrado. «No aceptamos el auto y la intención es llegar hasta el final».