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El último revés para la mayor iniciativa industrial planteada en la región

El epílogo del mayor proyecto industrial "en siglos" en Extremadura

Tras la negativa en 2012 de Medio Ambiente, el jueves pasado llegó el 'no' del Ministerio de Industria a la refinería. Anunciada en 2004 por Rodríguez Ibarra, su tramitación administrativa se ha prolongado más de una década

 

El epílogo del mayor proyecto industrial "en siglos" en Extremadura -

El epílogo del mayor proyecto industrial "en siglos" en Extremadura -

REDACCION
24/04/2016

"Pasarán siglos hasta que vuelva a surgir otro proyecto así", lamentó Alfonso Gallardo en julio del 2012, poco después de que su ambiciosa iniciativa para construir una refinería en pleno interior de la Península, en la comarca de Tierra de Barros, hubiese recibido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Un revés que era doblemente doloroso porque llegaba, además, después de un proceso administrativo extraordinariamente extenso y complicado, que había pasado por las manos de cuatro ministros distintos.

El industrial jerezano dijo entonces, en cualquier caso, que no arrojaba la toalla y que seguiría luchando para encauzar un proyecto que beneficiaba a la mayoría aunque no gustase, dijo "a una minoría".

Cuatro años después, la mayor iniciativa industrial que se ha planteado en Extremadura, la que iba a generar más de 500 puestos de trabajo directos y 2.500 indirectos, la que iba a suponer una inversión de 1.200 millones de euros, la que iba a hacer el precio de los combustibles más asequible para los extremeños, ha recibido su enésimo varapalo, posiblemente ya el último y definitivo, con la publicación el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado de la negativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo a concederle la Autorización Ambiental Previa (AAP).

Refinería Balboa SA había solicitado este documento en el 2008, aunque el proyecto echó a andar, al menos para la opinión pública, cuatro años antes. En diciembre del 2004, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunciaba que el principal grupo empresarial de la región tenía la intención de construir en la comunidad autónoma la primera refinería de nueva generación de toda España, "el empujón definitivo en materia industrial que ha buscado Extremadura", aseguró.

El momento álgido del ciclo económico aún no había llegado pero estaba cerca. En España se construía a todo trapo y las cosas iban viento en popa para el mayor grupo empresarial extremeño cuyo negocio, centrado fundamentalmente en la actividad siderúrgica, está muy vinculada al sector de la construcción. Ultimaba entonces la puesta en marcha de una cementera en la localidad pacense de Alconera, la primera construida en España en un cuarto de siglo, y en no mucho abordaría proyectos de enorme magnitud, como la ampliación de su planta en Jerez de los Caballeros, con 400 millones de euros, o la compra de una acería en Alemania por cerca de otros 600.

El apoyo del Gobierno autonómico al proyecto de planta petroquímica fue decidido, e incluyó la entrada en su capital social a través de Sofiex --empresa pública de capital riesgo integrada actualmente en Extremadura Avante--, con un 20% del accionariado. De la misma manera, su construcción fue defendida vehementemente por la patronal extremeña y los principales sindicatos, que veían en ella un revulsivo para el maltrecho mercado laboral extremeño. No obstante, la refinería también contó con un importante movimiento de contestación social. Ecologistas o agricultores dudaron desde el inicio de que, como se afirmaba, la refinería no fuese a suponer un impacto ambiental negativo sobre la zona. Esta postura de oposición cristalizó en una plataforma, Refinería NO, y en numerosas protestas, que llegaron a congregar a varios miles de personas en Badajoz y Cáceres en 2005 y 2006.

El principal enemigo de la refinería fueron, no obstante, los trámites ambientales. El planteamiento inicial era el de desarrollar la inversión en cuatro años. Un horizonte que resultó ser muy poco realista. A mediados del 2005 el consejero de Economía afirmó que el Ministerio de Medio Ambiente ya tenía en su poder el anteproyecto de la petroquímica, aunque no es hasta el 30 de octubre del 2008 cuando en la web de este ministerio se registra la recepción del expediente del proyecto procedente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la evaluación de impacto ambiental.


SOLICITUDES DE INFORMACION Menos de cuatro meses después de esta fecha llega la primera solicitud de información adicional al promotor por parte del MARM. Peticiones complementarias que se fueron prolongando durante más de dos años ocasionando continuos retrasos en el proyecto. Algunas exigieron laboriosos estudios que supusieron entre 3 y 5 meses de trabajo. Es significativo que las refinerías promovidas por Cepsa y Repsol en Huelva y Cartagena, respectivamente, vieran solucionados todos sus trámites ambientales en un plazo de 29 meses la primera y 22 meses la segunda, la mitad de lo que en marzo del 2009 el Grupo Gallardo llevaba ya esperando una respuesta definitiva.

Un dictamen que no llegó hasta el 29 de marzo del 2012, cuando el ministerio comunicó su propuesta de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "desfavorable" para la planta de refino por su potencial impacto sobre el entorno del Parque de Doñana --cuyas cercanías atravesaba el oleoducto antes de llegar a las costas de Huelva--, "el más emblemático" de la red española de espacios protegidos. Además, los técnicos avisaban de "riesgos ambientales" relacionados con los vertidos líquidos y la generación de residuos peligrosos, al tiempo que consideraban que la iniciativa incumplía "los objetivos de eficiencia energética" recogidos en la normativa europea. Desde el grupo empresarial extremeño se adujo que cada una de las cuestiones en las que el ministerio argumentó su rechazo habían recibido una respuesta fundamentada cuando esta se le había solicitado.

Luego llegaron, en el 2013, la desestimación del recurso de reposición que presentó la empresa y, este mes de enero pasado, la negativa de la Junta a conceder la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Gallardo no ha aclarado si ahora recurrirá o no la decisión de Industria, pero esta última contrariedad parece que supondrá la liquidación definitiva del proyecto.