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Mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Extremadura reclama a Montoro un mejor reparto del déficit entre administraciones

 

La consejera Pilar Blanco-Morales durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

EUROPA PRESS
14/04/2016

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha subrayado que Extremadura "no es el problema" del incumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera de España y ha reclamado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para este viernes se pongan sobre la mesa las "claves" para un reparto más equilibrado del déficit entre las administraciones públicas.

   Asimismo, ha reclamado recursos suficientes para que las comunidades puedan atender todos los pagos de una "forma predecible" y sujeta a "reglas claras", al tiempo que ha rechazado que se utilice el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como "elemento de coacción para imponer más recorte de gasto".

   La consejera extremeña ha comparecido este jueves ante el pleno de la Asamblea de Extremadura, a petición propia, para informar sobre las exigencias del Ministerio de Hacienda ante el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que pasan por la retención de recursos del sistema de financiación para pagar directamente a proveedores. Una medida "arbitraria y partidista", y en el caso de Extremadura "injustificada", según Blanco-Morales.

   Al respecto, ha reiterado que el presupuesto de la comunidad, aprobado días antes de recibir la carta del Ministerio, ya contempla las medidas necesarias para acercarse a los objetivos de estabilidad financiera, al tiempo que ha calificado la misiva como un "desaire" a la comunidad, tanto en la forma como en el fondo de la misma.

   Blanco-Morales ha subrayado que los retrasos en los pagos a proveedores se deben a "problemas de tesorería producidos por la insuficiencia global de recursos", por lo que la retención de ingresos "agravará problemas" además de propiciar la pérdida de la autonomía financiera de la comunidad.

   Por ello, ha defendido la necesidad de alcanzar una "nueva alianza" que establezca las bases de la relación económica entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, así como negociar un nuevo plan de estabilidad con las autoridades europeas que contemple un calendario de reducción del déficit más acorde a las necesidades económicas y sociales del país.

   La responsable de las finanzas extremeñas considera "inexcusable" que el reparto del objetivo del déficit entre las administraciones sea más equilibrado y más acorde con las necesidades de financiación de los servicios públicos esenciales (educación, sanidad y políticas sociales), que prestan las comunidades.

Más fondos "sin mayores exigencias"
   Por ello exige asimismo que no se use el FLA como "elemento de coacción para imponer más recorte de gasto". "No lo vamos a hacer", ha advertido, al tiempo que ha demando el desembolso de estos recursos "sin mayor demora y sin mayores exigencias".

   Así, y mientras se produce el pago de la deuda histórica, ha señalado que "bastaría" con que el Gobierno repartiera el 50 por ciento del IVA que recauda con las comunidades sin detraer cantidad alguna del fondo de suficiencia global, o que las liquidaciones del sistema de financiación autonómica se realizaran anualmente y no con dos años de retraso.

   Estas son algunas de las propuestas que Extremadura planteará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ante la cual ha reclamado al resto de grupos políticos la defensa de una posición común para hacer frente a la decisión "injusta y arbitraria" del Gobierno.

   Al respecto, Blanco-Morales ha agradecido la disposición de los grupos a defender las posiciones de la Junta, que se pasan por la defensa del estado del bienestar y su compromiso con que no haya recortes en servicio públicos esenciales.

Exigencias del ministerio
   En cuanto al anuncio de retención de fondos por parte del Ministerio, la consejera ha señalado que incluso el propio departamento que dirige Cristóbal Montoro ha reconocido que el calendario ha jugado "una mala pasada" a Extremadura.

   Al respecto, ha señalado que mientras desde Hacienda se trasladaban esas comunicaciones, la Junta enviaba la información necesaria para que analizaran las medidas presupuestarias y financieras contempladas en el Presupuesto recientemente aprobado.

   Entre ellas se encuentra la mejora de la financiación del Servicio Extremeño de Salud (SES), que "es donde está el origen del problema", con un incremento de 173 millones de euros, un 12,7 por ciento más. En segundo lugar se autorizan para el SES una línea de descuento de 240 millones de euros con el que se pretende rebajar de manera "muy inmediata" a 60 días el plazo medio de pago a proveedores de la sanidad extremeña. Por último, ha recordado que la Junta ha solicitado su adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Apoyo de los grupos políticos
   Todos los grupos parlamentarios han ido expresando su apoyo a la Junta en la defensa de los intereses de la región en el debate de financiación autonómica. El diputado del Grupo Popular Luis Alfonso Hernández Carrón ha reiterado su posición de compromiso con Extremadura frente a la ley de estabilidad, y en este sentido ha calificado como "desproporcionada y estemporánea" la carta del ministerio.

   Hernández Carrón ha defendido la gestión económica de su partido en la pasada legislatura, al tiempo que ha replicado a los socialistas que ahora sean ellos quienes pretendan ser "los campeones del cumplimiento" de los objetivos presupuestarios, algo que celebra.

   No obstante, ha señalado que las nuevas exigencias de Hacienda son estemporáneas, dado que pretende aplicarlas en un momento en el que "perjudica" a la región, y no cuando le beneficiaba, es decir, cuando Extremadura se situaba entre las regiones cumplidoras.

   En todo caso, ha reiterado que no es el momento de echarse las "culpas", al tiempo que ha coincidido con la consejera de Hacienda en que el "problema" de la situación financiera de la comunidad se encuentra en la sanidad y en su "insuficiencia presupuestaria".

   Por el contrario, difiere con Blanco-Morales en la idoneidad de haber acudido al FLA en 2013, lo cual hubiera supuesto, según la consejera un ahorro de 98 millones de euros, ya que ello suponía una "sumisión al Gobierno, una intervención solapada", según Hernández Carrón.

Podemos
   Por su parte, el diputado de Podemos Álvaro Jaén ha señalado que estará al "lado" de la Junta en "todo lo que sea detener las medidas coercitivas" propuestas por Montoro, si bien le ha pedido a la consejera que reconozca que el Presupuesto aprobado, que su formación rechazó, contempla "recortes" en Sanidad, en el sentido de que el incremento de fondos anunciados no van destinados a mejorar el servicio sino al pago de deudas.

   Jaén ha definido como "sangrante" la situación económica y social de la comunidad, y en este sentido ha señalado que no entiende que Montoro culpe a Extremadura de ello, puesto que el problema procede de una "ley perversa", la de estabilidad financiera, que "atenta contra la autonomía de las comunidades".

   Por su parte, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha calificado de "infumable" la carta de Hacienda tanto en el fondo como en las formas, al tiempo que ha señalado que "no se puede extorsionar de esa forma y dejar sin oxígeno a un presupuesto que se acaba de aprobar".

   "Nos va a tener de su lado" en este asunto, ha dicho Domínguez, a pesar de recordar que se abstuvo en la votación del Presupuesto de la comunidad para 2016.

Incumplimiento del estado
   El diputado del Grupo Socialista Jorge Amado ha defendido la actuación del Ejecutivo regional, que según ha dicho "ha cogido el toro por los cuernos" y ha intentado solucionar la situación con "propuestas desde el minuto uno", frente a la "absurda" y "hasta pueril amenaza de embargo" del ministro Montoro.

   Asimismo, ha reprochado al Gobierno en funciones que va a acabar la legislatura con un punto por encima del objetivo de déficit, "muy lejos" de lo que anunciaban en campaña electoral, en lo que supone un "nuevo engaño" a la ciudadanía.