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declara como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa

García Seco alega «seguridad» en la medida de restricción a los tractores

La delegada dice que había «una gran dificultad» para una posible evacuación. Sostiene que los tractoristas sí pudieron acceder a las zonas que habían propuesto

 

Yolanda García Seco, ayer, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz. - S. GARCÍA

EUROPA PRESS

MÉRIDA
21/05/2019

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, aseveró ayer en relación a la tractorada celebrada en Mérida el pasado 19 de diciembre que la Delegación del Gobierno tomó la decisión de restringir el acceso de tractores en «algunas» de las calles «concurridas» del centro histórico «por motivos de seguridad para las personas». En declaraciones a los medios tras declarar como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz por un presunto delito de prevaricación administrativa, García Seco explicó que ha tenido la oportunidad de declarar ante la jueza sobre esta manifestación que se desarrolló el 19 de diciembre en Mérida convocada por La Unión de Extremadura.

Así, y sobre la restricción la restricción del acceso de tractores, García Seco incidió en que el centro de Mérida tiene calles de una sola dirección y estrechas y en que los tractores «tenían dificultad según decía el informe de la policía para, en algunos casos, hacer el giro en algunas de esas calles». La delegada del Gobierno también hizo hincapié en que «había una gran dificultad» para poder evacuar en el caso de cualquier incidente, por lo que la decisión que tomó la Delegación del Gobierno fue la de «permitir el acceso de los manifestantes a todas y cada una de las zonas del recorrido que habían propuesto», pero «evitar que los tractores estuvieran en esas calles concurridas, según decían el informe de la Policía Local».

Para la representante del Ejecutivo central en la región, la Delegación del Gobierno «tiene la doble función de garantizar los derechos de los ciudadanos y de hacerlo compatible con la seguridad, que está por encima de todo». De este modo, lamentó que, cualquier incidente que se hubiera producido en esos días en Mérida, que «además coincidía» en que estaba declarada la alerta 4 antiterrorista reforzada, «pudiera haber provocado un colapso» y que «ningún bombero ni ningún coche de bomberos, ninguna ambulancia o cualquier otro servicio de emergencia» pudiera haber entrado en esas calles.

Finalmente, y sobre si la cuestión administrativa «fue comunicada o no dentro del plazo», recodó que ha sido dictaminada por el Tribunal Superior de Justicia, y «ahora de lo que se trata es de ver la intencionalidad de esa resolución». «Por supuesto ha sido una intencionalidad nada más que para garantizar los derechos de los ciudadanos a una seguridad y a que pudieran ser atendidos en cualquier incidente», concluyó.

Cabe recordar que, inicialmente, la caravana de tractores procedentes de Vegas Altas, Vegas Bajas y Tierra de Barros tenía previsto llegar hasta la sede de Presidencia para entregar al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, un documento en el que exigían el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y la de Mejora de la Cadena Alimentaria, para que los agricultores perciban precios «más justos».

Sin embargo, el portavoz de la organización agraria, Luis Cortés, recibió sobre las 22.00 horas del día anterior en su domicilio una comunicación de la Delegación del Gobierno donde se expresaba un «cambio de criterio» por el que impedía que la tractorada llegara hasta Presidencia.