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La Guardia Civil cifra el presunto fraude de UPA en 1,8 millones

La organización niega el delito y afirma que las ayudas fueron a los agricultores, que solicitaron y recibieron asesoramiento. Cree que a través de un «sofisticado entramado» desvió fondos de 5.500 subvenciones de la UE para financiarse «ilegalmente»

 

Miguel Leal, uno de los siete detenidos en la Operación Tellus, sale escoltado por los agentes de la sede de UPA en Mérida, tras finalizar el registro ayer al mediodía. - JERO MORALES // EFE

MÉRIDA
04/11/2016

Continuan las pesquisas en la operación policial abierta contra UPA-UCE. La Guardia Civil cifra en 1,8 millones de euros el presunto fraude cometido por la organización, a quien acusa de crear «un sofisticado entramado financiero» con el que supuestamente desviaba fondos de subvenciones europeas destinadas a asesoramiento agrario para financiarse «ilegalmente». Tras la sorpresa que los registros y posteriores detenciones causaron en la jornada del miércoles, UPA volvió a negar ayer las acusaciones y tras criticar las formas del Instituto Armado, aseguró que no ha cometido «ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera». «Las ayudas al asesoramiento se dirigían a los agricultores, que pagaban por un servicio que fue prestado por UPA y auditado por la Administración», aseguró en una nota.

En el marco de la investigación, denominada ‘Operación Tellus’, la Guardia Civil afirma haber desarticulado una trama dedicada a la financición ilegal de UPA-UCE Extremadura. Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude en subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Como ya ha informado este diario, desde primera hora de la mañana del miércoles los agentes realizaron registros minuciosos en las sedes de la organización en Plasencia, Coria, Talayuela y Mérida, así como un domicilio particular en Badajoz. Se ha detenido además a siete personas, entre ellas el actual secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, y otros cuatro directivos: Antonia Alcalá, José Cruz, Maximiano Halcón y Miguel Leal. No obstante, la operación continúa abierta y puede haber más arrestos e imputados.

Tras culminar después de 27 horas el registro en la sede emeritense, Huertas, Cruz y Leal fueron trasladados ayer a la Comandancia de la Guardia Civil en Cáceres para prestar declaración. «Seguramente hoy», según fuentes de la Delegación del Gobierno, pasarán a disposición judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Mérida. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, tras una denuncia interpuesta por el titular de una pequeña explotación agrícola en la comarca de Campo Arañuelo. Desde que se iniciara la operación, la Guarcia Civil ha «tomado manifestación» a una treintena de agricultores y ha realizado «un minucioso análisis de miles de extractos bancarios» de las cuentas de UPA.

1.800 AFILIADOS / Los agentes han determinado que las subvenciones para asesoramiento agrario que más de 1.800 afiliados solicitaron durante los años 2013, 2014 y 2015 fueron derivadas a las necesidades financieras de la organización (pago de nóminas, impuestos, suministros, pago a proveedores, etc), pero también «a determinadas empresas para fines supuestamente privados y a la matriz nacional de UPA u otras organizaciones afines». Estos fondos, detalla la Guardia Civil, ascienden a 1,8 millones de euros y proceden de unas 5.500 subvenciones concedidas por la Unión Europea y solicitadas a la Junta. Los servicios de asesoramiento subvencionados solo podían ser prestados por una lista cerrada de empresas y organismos reconocidos por el Ejecutivo, entre los que se encontraba UPA.

Según la Benemérita, «se ha podido comprobar» cómo algunos empleados del colectivo (los «captadores»), utilizaban «mediante el engaño o tergiversando la información» a cientos de afiliados para hacer circular el dinero de las subvenciones. Lo hacían a través de transferencias bancarias y una empresa mercantil «instrumental» asociada a UPA-UCE Extremadura «de la que se servían para dar apariencia de legalidad al entramado». Con todo ello conseguían que los fondos de las ayudas retornaran a la organización, que obtenía «el beneficio íntegro de las miles de subvenciones concedidas a favor de los afiliados».

La mecánica era doble. Por una parte, el dinero necesario para pagar el informe de asesoramiento provenía de la propia UPA, que lo transfería a la empresa mercantil instrumental. De esta pasaba a los solicitantes, para volver de nuevo a la organización, «simulando un supuesto pago por un asesoramiento agrario que no llegaba a darse, o no se daba con las condiciones exigidas para otorgar las subvenciones». Así se evitaba que cada una de las personas solicitantes adelantase el pago de su bolsillo para el servicio de asesoramiento agrario, teniendo también en cuenta que la subvención solo costeaba el 80% del coste.

Por otra parte, una vez gestionada la subvención por la propia UPA con los documentos que les daban a firmar a los agricultores (la solicitud de subvención, un préstamo por el valor del informe para asesoramiento agrario y las órdenes bancarias para que la mercantil instrumental procediese a los adeudos de cobro), se les ingresaba el dinero en la cuenta, pero inmediatamente se transfería a la mercantil como amortización del préstamo. Desde allí nuevamente iba a la organización, que podía volver a ponerlo en circulación.

«Las operaciones eran ficticias y sin coste económico alguno», explica la Guardia Civil, que asegura que este proceso de transferencias y cobro de recibos «tipo carrusel» se deba a espaldas de los agricultores, que «por regla general únicamente eran conscientes de haber firmado una solicitud de subvención». El supuesto «captador» de afiliados y el administrador único de la empresa utilizada para facilitar los préstamos a los agricultores están entre los siete detenidos.

Después de que la Guardia Civil hiciese ayer públicos los detalles de la operación, la propia UPA-UCE negó las acusaciones y aseguró que «nadie en la organización ha cometido ningún delito ni se ha financiado ilegalmente de ninguna manera». El colectivo explicó que las ayudas para asesoramiento agrario llegaban de Bruselas directamente a los agricultores, quienes pagaban a la organización por los servicios desarrollados para la redacción de los informes. UPA aseguró que «no se ha producido ningún engaño a ningún afiliado» ya que eran ellos, a título personal, los que recibían la ayuda en sus cuentas bancarias y que luego esta se transfería «con todos los justificantes» a la organización por los servicios prestados. «Servicios que efectivamente fueron realizados en su totalidad y cuyos expedientes están entregados en la propia Consejería de Agricultura», detalla.

Sí reconoce que en los años a los que se refiere la investigación, de 2013 a 2015, «se estableció un mecanismo para que los agricultores no tuvieran que adelantar el dinero de los informes de asesoramiento», informes que a su vez eran necesarios para cumplir con todos los requisitos de la Política Agraria Común. Por ello, explica, los productores recibían una transferencia con el importe de la subvención que después devolvían a la organización una vez recibían la ayuda y se realizaba el asesoramiento.

UPA reiteró ayer su rechazo a las formas en las que el Instituto Armado ha desarrollado la operación y pidió la liberación inmediata de los detenidos, que pasaron la noche del miércoles en la Comandancia de Cáceres o en su sede de Mérida, a la espera de que finalizaran los registros. Asimismo, mostró su confianza en la Justicia y en que «pronto se aclarará todo», pero «no descartan nada» para limpiar el nombre de la organización. H