+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario La Crónica de Badajoz:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 

La Iglesia revaloriza su patrimonio casi un 50% en la última década

En la región hay registrados 1.273 edificios religiosos, 129 más que en 2008 y todos exentos de impuestos. Nuevos inmuebles y la actualización del Catastro elevan el valor de sus bienes hasta los 148 millones

 

Interior de la catedral de San Juan de Badajoz. - EL PERIÓDICO

Patio del seminario de la capital pacense. - EL PERIÓDICO

Catedrales, iglesias, monasterios, ermitas y lugares de culto pero también viviendas, fincas rústicas e incluso alojamientos turísticos y residencias. El patrimonio inmobiliario de la Iglesia en Extremadura se ha revalorizado casi un 50% en la última década por la adquisición de nuevos inmuebles y la actualización del Catastro. Dos factores que han elevado hasta los 148,03 millones de euros el valor de estas propiedades que, como ya se sabe, están exentas de abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) siempre que se dediquen al culto o actividades con fines sociales.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, en el Catastro constan un total de 1.273 inmuebles catalogados como religiosos en Extremadura. Son 129 más que hace una década y su valor catastral (no el de mercado, sino el que otorga el Gobierno para después calcular el pago de impuestos, aunque en este caso estén exentos) ha pasado de los 100,2 millones de euros del 2008 a más de 148 en el año 2018, lo que supone un incremento del 47%. Solo en el último año todo este patrimonio se ha revalorizado en 2,9 millones de euros a pesar de que apenas se ha sumado un nuevo inmueble a la lista de propiedades eclesiásticas. ¿Por qué?

Parte de estos bienes están situados en las zonas céntricas o monumentales de las ciudades y son además edificios de alto valor histórico y cultural, lo que hace que año a año se revaloricen para el Catastro. Sin embargo, la Iglesia también posee otros muchos bienes de menor valor, deteriorados por el paso del tiempo y que difícilmente tienen salida en el mercado, lo que al final les acarrea gastos de mantenimiento y escasos beneficios.

MUNICIPIOS / De media, cada una de las propiedades que la Iglesia posee en la región tienen asignado un valor catastral de 116.286 euros. Estos inmuebles se encuentran principalmente en la provincia de Cáceres, donde aparecen inscritas un total de 697 propiedades, frente a las 576 de Badajoz. No obstante, es en la provincia pacense donde las autoridades eclesiásticas concentran su mayor patrimonio inmobiliario: 88,8 millones de euros por los 59,21 que suman los edificios de la provincia cacereña.

Por municipios, los datos del Catastro apuntan que la Iglesia posee propiedades cuyo valor supera el millón de euros en un total de 20 poblaciones: Cáceres, Coria, Guadalupe, Miajadas, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Trujillo en la provincia de Cáceres, y Acedera, Almendralejo, Badajoz, Don Benito, Fuente de Cantos, Guareña, Jerez de los Caballeros, Llerena, Mérida, Montijo, Santa Amalia, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena, Zafra y Zalamea de la Serena en la de Badajoz. Por contra, solo hay nueve pueblos de los casi 400 de Extremadura en los que no aparece registrada ninguna propiedad: Pueblonuevo del Guadiana, Valverde de Burguillos, Cordobilla de Lácara, Cabeza la Vaca, Almaraz, Gargüera, Navezuelas, Plasenzuela y El Torno.

La polémica que siempre radica en torno a estos inmuebles es que están exentos del pago del IBI y otros impuestos, algo que desde algunos sectores se considera un privilegio. Al respecto, la propia Conferencia Episcopal explica en el portal web Por Tantos que la cuestión data de los acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Iglesia católica, que recogían exenciones en el pago del IBI para los templos y dependencias destinadas a la actividad pastoral parroquial y diocesana, las residencias de sacerdotes y religiosos y el seminario. El resto de bienes, por tanto, tendrían que pagar la contribución.

«Hay que destacar que estas exenciones se concedieron por el Estado, en los mismos términos, a todas las confesiones religiosas que tienen convenio de colaboración (iglesias evangélicas, comunidad judía y comisión islámica). Por tanto, no se puede hablar de privilegio en relación con otras confesiones», afirma en una carta el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal.

Unos años más tarde, la llamada ley de mecenazgo de 2002 cambió el régimen fiscal del IBI del sector no lucrativo. Desde su entrada en vigor y hasta hoy, las entidades incluidas en la ley (todas las fundaciones, asociaciones de utilidad pública, oenegés dedicadas al desarrollo, federaciones deportivas y las confesiones religiosas) tienen los mismos beneficios fiscales en materia de IBI. «No hay un régimen especial, único o distinto para la Iglesia», reiteran desde la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, que explica que de esta forma, el Estado reconoce «la gran labor» que realizan estas entidades en favor de la sociedad «y las apoya no cobrando IBI». Además, la archidiócesis señala que la Iglesia sí paga el IBI, «exactamente igual que todos», de aquellas propiedades en las que se puede estar desarrollando alguna actividad económica.

reforma/ En noviembre de 2018, la ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, avivó la polémica al anunciar que esos acuerdos del Estado con la Iglesia se iban a revisar para que comenzara a pagar impuestos. No obstante, hace solo unas semanas ha matizado que la propuesta se refiere solo a las propiedades que no están puestas a disposición de la sociedad para culto o fines sociales.

Así, lo que el Gobierno plantea es sentarse con la Iglesia para repasar el uso que se le da al patrimonio eclesiástico y ver los inmuebles concretos para los que habría a revisar la exención del IBI municipal. Según sus propios cálculos, no estaríamos hablando de cuestiones muy importantes, porque lo fundamental que la Iglesia tiene lo pone a disposición del conjunto de la sociedad para comedores sociales, culto o reuniones, y toda esa tarea hay que tratarla como al resto de oenegés.

En este contexto, algunos municipios extremeños ya han comenzado a tomar medidas. En Mérida se aprobó a finales del año pasado una moción promovida por IU y Podemos para elaborar un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia en la capital autonómica. El ayuntamiento se comprometió a solicitar la relación de bienes inscritos en el registro de la propiedad para que, en caso de que no sean de su propiedad (como ocurrió con la mezquita de Córdoba) se emprendan acciones legales, pero hasta la fecha nada ha trascendido sobre el asunto.

En Cáceres, también en el 2012 se tomó la decisión de hacer un inventario para estudiar los edificios de la Iglesia a los que se pudiera cobrar IBI, pero según denuncia Milagrosa Carrero, presidenta de la asociación Cáceres Laica, «hace años que está en proceso y nada se consigue». Para el colectivo, el problema radica en que no solo los templos, comedores sociales o lugares de culto se registran por parte de la Iglesia como edificios de uso religioso, sino también otros como residencias, hoteles e incluso tiendas de dulces o recuerdos de catedrales, conventos y monasterios.

Otros municipios como Badajoz o Plasencia no han tomado medidas al respecto, ni parece que lo harán. De hecho, el propio alcalde de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, ya señaló que «ni se plantea» cobrar IBI a la Iglesia al tratarse de edificios históricos y interés cultural.