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el proceDIMIENTO está pendiente de la autorización del consejo de gobierno

La Junta activa el proceso de disolución de Gisvesa con la nueva ley de vivienda

Una comisión liquidadora se encargará del traspaso de los empleados, los activos y de cerrar las deudas. Urvipexsa será el único ente público autonómico dedicado ahora a la gestión urbanística y de suelo

 

Reestructuración en el sector público autonómico. La Junta de Extremadura ha iniciado los trámites para la disolución de la empresa pública Gisvesa, dedicada a la gestión urbanística y de vivienda, después de que su balance económico haya arrojado un «agujero» de más de 12 millones de euros. «Las cuentas ya se han presentado y nos dicen que hay motivos suficientes para la disolución», explicó ayer el titular de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles. El asunto se trató en la reunión del Consejo Asesor de Vivienda, donde el consejero presentó el borrador de la nueva Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura. Este texto, que aún no ha iniciado su tramitación, ya considera a Urvipexsa como el único ente público dedicado a la gestión urbanística y del suelo en la comunidad autónoma.

Como se recordará, Vergeles anunció el pasado febrero en la Asamblea la disolución de Gisvesa, que en los últimos meses se ha visto envuelta en la polémica después de que el PP denunciara que se había convertido en una «agencia de colocación de amigos socialistas», algo que la Cámara autonómica está investigando en una comisión. Sin embargo, según el Ejecutivo, la liquidación de la empresa tiene que ver con causas económicas, ya que arrastra una deuda de 12,2 millones de euros que Vergeles atribuyó en sede parlamentaria al gobierno de José Antonio Monago. Dijo entonces que tras el cambio de gobierno en 2015 se había intentado «sanear y arreglar» la empresa con un plan económico financiero «que permitiese sobrevivir», lo que finalmente parece que será imposible porque Gisvesa está «en causa legal de disolución».

PROCEDIMIENTO / Así, Vergeles explicó ayer que una vez presentadas las cuentas, ya se ha reunido el Consejo de Administración de Gisvesa y que en estos momentos se está a la espera de que el Consejo de Gobierno autorice el informe de liquidación que han elaborado de forma conjunta las consejerías de Sanidad y Políticas Sociales (ostenta las compentencias de vivienda) y Hacienda y Administración Pública. Después, la decisión se comunicaría a la Junta General de la empresa, que ha de nombrar una comisión liquidadora para que se encargue de negociar el traspaso de los empleados (la plantilla y los indefinidos de las diferentes encomiendas «seguirán trabajando», según ha venido defendiendo el consejero), de los activos y de los pasivos, así como de cerrar las deudas con los acreedores, «que vienen de lejos». No obstante, «Gisvesa no dejaría de funcionar en ese momento»: el procedimiento es largo y complejo y podría demorarse hasta un año, si bien se tratará de acortar todo lo posible. «Después de la crisis que ha vivido este país es insostenible que una comunidad como esta tenga dos empresas destinadas a realizar cosas que puede realizar solo una, y eso nos lo dice incluso el Tribunal de Cuentas, que nos anima a hacer una reestructuración del sector público para disminuir el número de empresas públicas», reiteró Vergeles, que consideró además que este «es un buen momento para hacerlo» teniendo en cuenta el balance y la cuenta de resultados de Gisvesa.

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