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el presidente del comité se reúne con vara

La Junta asumirá la subida de salarios en la discapacidad

Cermi confía en que se puedan atender todos los proyectos presentados al IRPF. De no hacerlo, se causaría «un gran quebranto» a las organizaciones

EFE
22/08/2019

 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales asumirá los gastos del incremento salarial para trabajadores del sector de la discapacidad aprobado a nivel estatal, ya que puede suponer un «quebranto económico» para las entidades sin ánimo de lucro que desempeñan esta labor en la región.

Así lo comunicó ayer el presidente del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura (Cermi), Modesto Díez Solís, tras mantener una reunión con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Según explicó Díez, existe un compromiso por parte del Gobierno regional para garantizar la estabilidad en el empleo de este sector ante la subida de salarios que se contempla en el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de julio.

Por otra parte, confió en que se puedan atender todos los proyectos presentados a la convocatoria de ayudas para colectivos sociales con cargo al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF). Además, Díez también anunció la celebración, en noviembre de 2020, de un congreso que reunirá a todos los comités autonómicos de Cermi en Mérida, con motivo del XX aniversario de la organización en Extremadura.

Según explicó, hay un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de asistir a la inauguración de este encuentro y también se celebrará una actividad institucional en la Asamblea de Extremadura con motivo de la efemérides.

Otro de los asuntos que han abordado en la reunión es el desarrollo de la Ley de Conciertos Sociales, aprobada por el Parlamento regional el pasado diciembre y que entrará en vigor el próximo año. En este sentido, Díez subrayó que se trata de una ley bien recibida por todos los grupos parlamentarios con el fin de mejorar los servicios que presta el sector de la discapacidad, ya que facilita el trabajo de las entidades sin ánimo de lucro para que no tengan que depender de la concesión de subvenciones.

Al mismo tiempo, esta normativa dificulta el acceso de grupos privados a estos servicios que, «con todo el respeto a la empresa privada, no tienen la misma sensibilidad que nosotros que gestionamos entidades donde están nuestros propios hijos», concluyó el presidente de Cermi.

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