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Nuevo derecho reconocido El Gobierno llevará a las Cortes la Ley de Transparencia.

La Junta y los ayuntamientos abrirán sus archivos a los extremeños en 2011

España regula por primera vez el derecho de los ciudadanos a saber la información pública. La peticiones deberán resolverse en 30 días.El Ejecutivo cree que la l

 

Un hombre busca un documento en pasillo de una empresa que custodia archivos de administraciones pú - Foto:OTO

G. MORALG. MORAL 22/08/2010

Si por voluntad propia no se hace se hará por obligación, pero por fin las administraciones serán transparentes. Frente a las calladas por respuesta de los poderes públicos y las reacciones incómodas ante la demanda de información, el Gobierno central enviará en breve a las Cortes el anteproyecto de la primera norma española que reconoce el derecho constitucional a saber de los ciudadanos sobre los datos que manejan los gobiernos. Desde el uso del dinero público hasta las horas que trabajan los asesores de una consejería, gastos en protocolo o cualquier información estadística.

Esta norma responde a un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno en el 2004, ya que España es el único país de más de un millón de habitantes sin Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública. Por fin se cubre legalmente un derecho hasta ahora sujeto a decisiones subjetivas.

El anteproyecto reconoce el derecho universal a la información elaborada o adquirida por los poderes públicos, que por el hecho de ejercer sus funciones deberán facilitar el acceso a esta cualquiera que sea su soporte y su forma de expresión, con un procedimiento "ágil, transparente y accesible". Además, contiene medidas para que los diferentes entes y organismos publiquen, de manera proactiva --sin previa petición-- toda aquella información que los ciudadanos consideran relevante en sus relaciones con la Administración pública y usando preferentemente los medios electrónicos.

Esta nueva normativa es muy bien aceptada por las administraciones extremeñas puesto que dar constancia de una gestión transparente interesa si cabe incluso más a los poderes públicos. Así, la Junta considera "muy oportuna" la futura ley, puesto que "en los tiempos que corren cuanta más apertura haya en la gestión pública mucho más reforzada saldrá la gestión de los políticos y también la democracia en sí".

Además, considera que su aplicación no será muy complicada porque ya hay experiencias previas. La Junta ha puesto en marcha algunas acciones encaminadas a esa transparencia en la gestión en los últimos meses. Un ejemplo es el Código de Buenas Prácticas que recoge la obligatoriedad de publicar el sueldo de los miembros del Consejo de Gobierno o el gasto en telefonía, entre otros, "como está publicado ya en la web de la Junta". Es por ello que el Ejecutivo regional "se caracteriza por el aperturismo al ciudadano y su transparencia, algo que ahora se verá reforzado al existir esta ley", insisten fuentes de la Administración.

Lo mismo opinan otras administraciones menores. Según el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Santiago Tabares, esta norma marcará una buena dirección en la que hay que trabajar, pero no será tan sencilla su aplicación en todos los casos puesto que el desarrollo de la administración electrónica es lento, por lo que unas peticiones podrán estar en el plazo marcado y otras no, que será de 30 días o 60 dependiendo de la complejidad de la información requerida, según el anteproyecto. De todas formas, Santiago insiste que es una iniciativa de transparencia que sobre todo "nos conviene a los políticos".

En el caso de los ayuntamientos más pequeños atender a esta ley no resultará complicado. Hay algunos como Calamonte en los que ya se puede asistir a cualquier pleno en directo sin mover