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ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

La Junta cambia la ley de turismo para poner coto a los alojamientos ilegales

Desde el inicio de la legislatura se han detectado 773 ofertas irregulares, sobre todo en Cáceres y Mérida. Anunciarse sin número de registro se considerará una sanción muy grave, con multas entre 6.000 y 60.000 €

 

El cerco a los pisos turísticos se estrecha. La Junta va a llevar a la Asamblea una modificación de la ley de turismo para poner coto a los alojamientos ilegales que en los últimos años han proliferado en la región, especialmente en las ciudades de Cáceres y Mérida. Según explicó ayer el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, a partir de ahora será obligatorio que los establecimientos se anuncien a través de cualquier canal con su número de inscripción en el Registro de Establecimientos Turísticos. No hacerlo se considerará una sanción muy grave que puede llevar aparejadas multas de entre 6.000 y 60.000 euros.

Desde el inicio de la legislatura se han detectado 773 anuncios de viviendas que se ofrecían en plataformas de internet como alojamientos turísticos y si bien ya se han venido tomando medidas administrativas y legales al respecto, el Ejecutivo autonómico quiere dotarse de un marco jurídico adecuado para seguir combatiendo esta oferta ilegal que «distorsiona el mercado» y supone una competencia desleal para los establecimientos que sí están en regla.

Así, las inspecciones de la Dirección General de Turismo han logrado identificar la procedencia de 419 anuncios de los 773 detectados y según destacó Navarro, más de 300 han dejado de ejercer la actividad «solo con un requerimiento» de la Junta. Otros cien han iniciado los trámites para legalizarse y en 79 casos se han abierto expedientes, contando ya la Administración con una sentencia firme a su favor.

La modificación de la ley de turismo que plantea la Junta recibió ayer el visto bueno del Consejo de Gobierno, de forma que ahora se remitirá a la Asamblea para su aprobación. Navarro confió en que la reforma concitará un gran consenso, ya que ha sido «muy trabajada» con el sector y al respecto también se han mantenido conversaciones y reuniones con los grupos parlamentarios.

El consejero defendió que con las modificaciones que se plantean, la ley autonómica se convertirá en una herramienta «potente» para luchar contra los alojamientos turísticos ilegales y por ende, para proteger a los empresarios que pagan sus impuestos y reforzar también los derechos de los consumidores.

Así, Navarro explicó que los alojamientos turísticos deberán incluir en sus anuncios promocionales (tanto en internet como en cualquier otro medio) el número de su inscripción en el Registro de Establecimientos Turísticos de Extremadura, en el que hay que estar dado de alta obligatoriamente para poder operar en el sector. Además, las plataformas tendrán la obligación de comunicar a la Administración los casos en los que no se aporte este código y de retirar el anuncio. En caso de incumplimiento, se considerará como una sanción muy grave, con multas que podrían oscilar entre los 6.001 y los 60.000 euros, precisó Navarro.

alojamientos singulares / Además de poner coto a los pisos turísticos ilegales, Navarro explicó que la reforma de la ley de turismo también se aprovechará para incluir una nueva categoría de alojamiento turístico que no encajaba en ninguna de las ya existentes.

Se trata de los «alojamientos singulares», en los que se engloban por ejemplo las cabañas ubicadas en árboles, las cuevas o el glamping, una novedosa tendencia al alza que combina la experiencia de acampar al aire libre y la naturaleza con el lujo y las condiciones propias de los hoteles. Al respecto, el consejero explicó que este tipo de alojamientos innovadores no cuentan hasta la fecha con cobertura legal en la región, de forma que ahora se podrá posibilitar su actividad.

Otro de los cambios técnicos que se quieren introducir con la reforma hace referencia a los alojamientos rurales: hasta la fecha, solo se consideraban establecimientos de turismo rural aquellos que se ubican en localidades de hasta 10.000 habitantes, una cifra que se elevará a 20.000 atendiendo las peticiones del sector. Según Navarro, la modificación se debe a que el turismo rural es una marca muy apetecida por muchos alojamientos que, además, permite acceder a ayudas específicas. Asismismo, la nueva ley también responde a la necesidad de trasponer una directiva europea sobre viajes combinados para proteger mejor al consumidor.

En su intervención, Navarro incidió en la importancia de aprobar este nuevo marco normativo ya que el turismo es el sector que mejor se ha comportado durante la crisis y uno de los que más empleo genera actualmente: 970 nuevos afiliados solo en 2017.

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