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LA COMISIÓN EUROPEA NIEGA AHORA LAS MULTas a las comunidades

La Junta y el Cermi se unen para defender gasolineras solo con personal

El fin es, sobre todo, proteger los derechos de personas con discapacidad

REDACCIÓN CÁCERES
06/03/2018

 

La Junta de Extremadura y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han acordado una alianza estratégica para defender ante la Comisión Europea la regulación autonómica que, para proteger los derechos de los consumidores, en especial de los que presentan una discapacidad, prohíbe las estaciones de servicio sin personal.

Ante la investigación abierta en Bruselas sobre si esta ley regional respeta las normas comunitarias sobre mercado interior, libertad de empresa y competencia, la Junta y el Cermi han resuelto actuar conjuntamente para acreditar, mediante la aportación de estudios e informes, que esta normativa es «plenamente acorde con el derecho comunitario, pues la protección de los derechos de las personas con discapacidad y su no discriminación en el acceso a servicios es un mandato superior para la UE».

Desde el Cermi también explicaron que la Comisión Europea niega que se haya abierto ningún procedimiento de infración y que «las comunidades autónomas no tienen ningún motivo para revertir ni derogar las regulaciones favorables vigentes» como es el caso de Extremadura, donde desde el pasado 18 de agosto están prohibidas las gasalineras sin empleados (son 95 de las 488 existentes).

«RUMORES» / El portavoz de la Comisión Europea en Madrid, Dimitri Bauras, asegura que son «rumores» y que no sabe de dónde ha podido salir esa información.

Pero lo cierto es que tres regiones (Valencia, Castilla y León y Asturias) ya han dado marcha atrás en sus leyes autonómicas argumentando que no quieren afrontar la sanción económica propuesta por la UE: una cuantía de 600.000 euros diarios.

«No hay una decisión tomada sobre esta problemática planteada por la aparición en España de gasolineras desatendidas», manifiesta Bauras.

«En cualquier caso correspondería al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a instancias de la Comisión», añadió. Y matizó: «Y no iría contra las comunidades autónomas sino contra el país, en este caso España».

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