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Junta: «Este trabajo no concluye que el complejo turístico sea insostenible»

Los propietarios confían en que se valoren otros aspectos y los ecologistas piden demoler


11/01/2019

 

«El informe reconoce el evidente impacto ambiental de la demolición, dice que es posible esa vía, pero no se pronuncia sobre otros aspectos que la Junta de Extremadura considera evidentes» y, además, «en ningún caso concluye que el complejo urbanístico sea medioambientalmente insostenible». Es la valoración que desde el gobierno regional hicieron ayer sobre el estudio elaborado por la Estación Biológica de Doñana. Desde la Junta añaden que se encuentran analizando el informe, que se pronunciarán cuando se emita una sentencia definitiva y que su apuesta es un desarrollo sostenible «en el que deben convivir el desarrollo económico con el respeto al medio ambiente».

Desde las asociaciones ecologistas fueron ayer más contundentes. Tanto Adenex como Ecologistas en Acción aseguraron que una vez conocido el trabajo del CSIC van a solicitar al TSJEx la ejecución de las dos sentencias de derribo que pesan sobre este complejo turístico.

A juicio de la abogada de Adenex, Mª Ángeles López, las conclusiones del informe vienen a darles la razón en los argumentos que llevan años defendiendo y su lectura es que «no hay otra opción que la demolición». Añade el informe es concluyente: «mantener el complejo de Valdecañas supone mucho más daño ambiental que derribarlo».

Por parte de las comunidades de propietarios de los inmuebles construidos en la isla, el abogado que los representa, Luis Díaz-Ambrona, señala que el informe reconoce que ha existido un daño ambiental en la construcción del complejo pero también dictamina que la demolición tiene perjuicios y que se actuó conforme a la legalidad. «Era previsible que se pronunciara en estos términos». Aún así, el letrado confía en que el TSJEx dicte una resolución justa en la que tenga «una visión más amplia» del conflicto y valore también los aspectos socioeconómicos. «La demolición tendría un coste económico, generaría una responsabilidad patrimonial de las administraciones y tendría repercusiones también para los pueblos que viven en el entorno de Valdecañas», entre otras.