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comparecencia en la asamblea del director general de transporte

La Junta licitará todas las líneas regulares de viajeros cara a 2019

Actualmente, se está tramitando un decreto de ayudas para el sector

REDACCIÓN
14/06/2018

 

La Junta considera que garantizar el transporte público de viajeros por carretera en la región pasa por solventar, mediante un decreto de ayudas, los déficits de explotación de las líneas regulares y la nueva licitación de todas ellas para que entren en vigor el 1 de enero de 2019.

Ello con la «compensación económica» que les corresponda a las empresas que cumplan los requisitos: la prestación real del servicio y tener déficit de explotación, según explicó ayer en Comisión parlamentaria el director general de Transporte, José González Rubio, a una pregunta del PP sobre este asunto, informa EFE.

González Rubio, quien reconoció que el sector se encuentra en «una situación verdaderamente precaria», matizó que esto se mantendrá «hasta que finiquite el procedimiento de la reestructuración», que tiene una «dificultad añadida» al estar «todos los pueblos comunicados por transporte público». Insistió en que esta «reestructuración» se está llevando a cabo aunque se demorará «unos meses más» de los previstos porque la nueva Ley de Contratos ha obligado «a rehacer todos los pliegos».

«APOYO ECONÓMICO» / Según el director general de Transportes, se ha tratado de evitar el déficit de explotación de las líneas regulares del servicio publico del transporte —derivado de la disminución de viajeros— con «apoyo económico» y desde 2015 todas las empresas que presentaban «riesgo inminente» de dejar de prestar el servicio «han sido objeto de intervención» por parte de la Junta.

Así, se han adoptado medidas de emergencia, con su correspondiente amparo legal, mediante la implantación de la Obligación de Servicio Público (OSP) y, por otro lado, la adjudicación directa de los contratos, lo que les ha permitido «seguir adelante son sus trabajos y tener al día sus obligaciones».

Pero como las OSP tienen un plazo de dos años como máximo y de cara a las empresas que han terminado este período, se está tramitando un decreto de ayudas por el cual «tendrán derecho a una ayuda de 500.000 euros máximo en tres ejercicios fiscales que es lo que permite precisamente la UE en estos casos».

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