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La Junta no ha recibido ningún requerimiento sobre el caso

Los cuatro grupos políticos piden «prudencia» mientras trabaja la justicia

 

Begoña García Bernal. -

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, aseguró ayer que la Junta no ha recibido ningún requeremiento oficial en relación a la operación policial que se sigue contra UPA-UCE Extremadura. Según Bernal, el Ejecutivo regional tampoco tiene constancia «del alcance del objeto de la investigación» que pesa sobre la organización profesional agraria, una de las principales de la región con 10.000 afiliados.

Según la información facilitada ayer por la Guardia Civil, las subvenciones europeas que supuestamente UPA desvió entre 2013 y 2015 para financiarse ilegalmente se solicitaron a la Junta de Extremadura. Además, se da la circunstancia de que los servicios subvencionados solo podían ser prestados por una cartera cerrada de empresas y organismos reconocidos por la propia Administración autonómica, entre los que se encontraba UPA. Y la organización agraria, en defensa de las acusaciones que se vierten sobre ella, aseguró que las ayudas en cuestión fueron a parar a agricultores afiliados que pagaron unos servicios de asesoramiento «prestados y auditados por la Administración». «Servicios que fueron prestados y cuyos expedientes están entregados en la Consejería de Agricultura», afirmó.

Pese a todo ello, García Bernal aseguró que la Junta no ha recibido ningún requerimiento y que desconoce el alcance de la investigación. «No hemos recibido hasta el momento ninguna comunicación ni requerimiento oficial por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni de la Administración de Justicia», insistió ante las preguntas de los medios. No obstante, se mostró a disposición de la justicia «para todo aquello que se le requiera».

Sobre el asunto también se pronunciaron los partidos políticos, que piden prudencia mientras trabaja la justicia. El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Juan Antonio González, manifestó su «sorpresa» por los hechos y apuntó que hay que respetar tanto la acción de la justicia como la presunción de inocencia de los detenidos, recoge Efe. A su vez, la portavoz de Empleo del PP, María Ángeles Muñoz, subrayó también que es el ámbito judicial quien tiene que tomar «la decisión» sobre este asunto.

El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, aseveró que su formación está a la espera de conocer más datos, si bien señaló que están «profundamente preocupados» porque las acusaciones que pesan sobre UPA «son muy graves»: pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, descartó hacer valoraciones acerca de este asunto en tanto actúa la justicia. H