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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA AGRICULTURA

La Junta recurrirá la resolución del ministerio que pone límites al cava

Pedirá al alto tribunal de Madrid que tome medidas cautelares

EFE MÉRIDA
24/02/2018

 

La Junta de Extremadura acudirá a la vía judicial, a través de un recurso contencioso administrativo, contra la resolución del Ministerio de Agricultura (Mapama) de limitar la ampliación de hectáreas de viñedo dedicadas al cava. Dicho recurso, que será presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estará acompañado por una solicitud de medida cautelar que deje sin efecto la resolución del Mapama hasta que no haya un fallo judicial a dicho recurso.

Esta medida del Ejecutivo extremeño fue anunciada ayer por la directora general de Política Agraria Comunitaria, María Yolanda García, en su comparecencia informativa ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural de la Asamblea de Extremadura. En su exposición, García explicó que este recurso se eleva después de que el Mapama se haya ratificado en su resolución, a pesar del requerimiento previo presentado por la Junta al considerar que dichas limitaciones y restricciones perjudican al sector del cava extremeño.

La resolución del ministerio del pasado mes de diciembre decide para la DOP Cava una limitación del 0,52% para 2018; en la práctica supondrá un tope 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes de 2018 para nuevas plantaciones, para replantaciones y para las conversiones de derechos de replantación (57,4 hectáreas en cada caso). A juicio de García, establecer limitaciones a nuevas plantaciones de viñedo y restringir tanto las replantaciones como la conversión de derechos de los viticultores para vinos espumosos «afecta al principio de libre competencia y supone un exceso regulatorio respecto al marco de ejercicio de competencias del Estado».

Según la directora general de la PAC, existen motivos jurídicos y técnicos para que los tribunales avalen la postura de la Junta, pues la resolución dictada por el ministerio no está fundamentada con criterios objetivos y trasciende la realidad del sector. «El Gobierno central, con esta decisión, ha apoyado al blindaje de la producción de una comunidad autónoma mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura». García señaló que la decisión ministerial deja en una clara indefensión a los agricultores extremeños, entre otros motivos porque existe un vacío normativo que regule las citadas restricciones.

Por su parte, el grupo popular aseguró no estar satisfecho con la decisión del ministerio, aunque entiende que el cava está creciendo de forma desordenada y que una posible oferta excesiva de este producto puede perjudicar al sector. Así, los populares han instado al Gobierno regional a negociar con el Mapama. Desde Podemos califican la situación de «muy grave» y supone «otra humillación» del Gobierno central.

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